De La Espriella rechaza el paro armado tras golpe al grupo de alias ‘Cholo’
Imagen: El Tiempo - Política
Abelardo De La Espriella rechazó el paro armado anunciado por las Autodefensas de la Sierra tras la muerte de alias ‘Cholo’, abatido en un operativo oficial. El gobierno destacó la acción como un golpe contra esa estructura armada que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta.
El presidente Abelardo De La Espriella salió a marcar distancia frente al anuncio de paro armado hecho por las Autodefensas de la Sierra tras la muerte de alias ‘Cholo’, el segundo jefe de esa organización armada que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su mensaje fue claro: no hay espacio para que un grupo ilegal pretenda imponer control territorial, intimidar a la población o condicionar la vida cotidiana de una región entera con amenazas de guerra.
La reacción del mandatario se produjo luego de que el Gobierno destacara el operativo en el que fue abatido ese mando insurgente de la estructura armada. Aunque las autoridades no han detallado públicamente todo el alcance de la operación, sí subrayaron que se trató de un golpe relevante contra una organización que mantiene presencia en una zona estratégica del Caribe colombiano, donde confluyen corredores de narcotráfico, disputas por rentas ilegales y presión armada sobre comunidades campesinas e indígenas.
Lo que está en juego no es solo la eliminación de un jefe armado, sino la respuesta del Estado frente a la capacidad de estas estructuras para seguir imponiendo miedo. En Colombia, los paros armados no son simples anuncios: suelen traducirse en restricciones a la movilidad, cierres forzados de comercios, confinamiento de poblaciones y una sensación de abandono institucional que golpea con más fuerza a los territorios periféricos. Por eso la respuesta del presidente importa más allá del gesto político; mide la capacidad del Gobierno para sostener autoridad real en zonas donde la legalidad sigue compitiendo con la fuerza de las armas.
El caso de la Sierra Nevada vuelve a dejar en evidencia una paradoja conocida pero no resuelta: cada vez que el Estado golpea a una estructura criminal, esa organización intenta responder con intimidación para demostrar que conserva poder. La pregunta de fondo es si el operativo y la presión institucional bastarán para desactivar la amenaza o si, por el contrario, el anuncio de paro armado anticipa una nueva escalada contra la población civil. Para la gente que vive en esa región, el debate no es abstracto: significa si podrá desplazarse, trabajar y moverse sin quedar atrapada entre el control estatal y el chantaje armado.
