Polémica en Cancillería por experiencia certificada con empresa creada en 2023
Imagen: El Tiempo - Política
La hoja de vida de Gina González Grau volvió a poner bajo la lupa los filtros de la Cancillería. Según El Tiempo - Política, la entonces secretaria general habría acreditado experiencia a través de una empresa matriculada en 2023 para sustentar un cargo que exige seis años de trayectoria.
La Cancillería quedó otra vez en el centro de la discusión por la forma en que se están certificando hojas de vida para cargos de alta responsabilidad. De acuerdo con información divulgada por El Tiempo - Política, Gina González Grau, quien se desempeñaba como secretaria general, habría acreditado cinco años de experiencia mediante una empresa que solo fue matriculada en 2023, un hecho que abre dudas sobre la validez de ese soporte laboral.
El punto no es menor: el cargo para el que se exige esa experiencia demanda seis años de trayectoria, por lo que cualquier certificación debe ser especialmente rigurosa. Según la versión conocida por el diario, la funcionaria habría avalado su propia experiencia a través de esa compañía, pese a que la firma no existía en 2021, el periodo al que se asociaría parte de la hoja de vida cuestionada. El caso pone sobre la mesa no solo un posible problema de soportes, sino también el nivel de control interno con el que se revisan antecedentes en una cartera que maneja información sensible y representación del Estado.
La polémica llega en un momento en que el país sigue mirando con lupa la contratación pública, la meritocracia y los estándares de acceso a cargos directivos. En Colombia, cada episodio de este tipo alimenta una sospecha más amplia: que la revisión de requisitos termina dependiendo más de formalidades que de verificaciones de fondo. Si los documentos de experiencia pueden construirse sobre empresas inexistentes al momento de los hechos, entonces el problema ya no es solo administrativo, sino de confianza pública. Y cuando esa confianza se erosiona en la Cancillería, el impacto trasciende el edificio institucional: golpea la credibilidad del Estado ante funcionarios, aspirantes y ciudadanos.
Por ahora, el caso deja una pregunta inevitable: quién valida realmente la hoja de vida de quienes ocupan puestos clave en el gobierno. Más allá de la persona señalada, el episodio expone una falla estructural que el Ejecutivo tendrá que responder si quiere evitar que cada nombramiento se convierta en una nueva controversia.
