Petro rechaza señalamientos por presuntas presiones a exparamilitares en Valledupar
Imagen: El Tiempo - Política
El nuevo choque por el llamado Pacto de Valledupar vuelve a poner bajo presión al gobierno de Gustavo Petro y a la oposición. Mientras un jurista lanzó señalamientos contra Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, el uribismo exige que se investigue hasta el fondo.
El debate por el Pacto de Valledupar escaló este jueves después de que el expresidente Gustavo Petro rechazara los señalamientos sobre presuntas presiones a exparamilitares para que declaren contra opositores políticos. La controversia creció a raíz de las afirmaciones del jurista Juan Carlos Villamizar, quien apuntó contra Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, en un episodio que el Centro Democrático ya convirtió en bandera para exigir investigación.
Según informó El Tiempo - Política, Villamizar puso sobre la mesa nombres concretos en medio de una discusión que toca una fibra especialmente sensible en Colombia: la relación entre justicia, desmovilización armada y utilización política de testimonios provenientes de estructuras paramilitares. El señalamiento no solo compromete el clima político alrededor del gobierno, sino que reabre una vieja discusión sobre qué tan confiables y con qué fines se usan las declaraciones de exintegrantes de grupos ilegales cuando terminan en disputas partidistas.
La respuesta de Petro busca cerrar la puerta a la idea de que desde su órbita se haya impulsado una estrategia para presionar versiones contra adversarios. Pero el daño político ya está hecho. En Colombia, cualquier mención a exparamilitares, pactos o supuestas maniobras para direccionar testigos tiene un peso explosivo: remite a décadas de violencia, a investigaciones judiciales complejas y a una memoria colectiva todavía marcada por la connivencia entre poder armado y poder político. Por eso el pedido del Centro Democrático no es menor; el partido sabe que este tipo de casos puede convertirse en un costo reputacional para el Gobierno si no se aclaran con rapidez y con pruebas sólidas.
Más allá del choque inmediato, el episodio revela una constante de la política colombiana: la justicia y los testimonios de actores del conflicto siguen siendo usados como campo de batalla electoral. Si la denuncia de Villamizar tiene sustento, el caso podría abrir una línea de investigación incómoda para altos funcionarios o figuras cercanas al Gobierno. Si no lo tiene, el Gobierno intentará presentar todo como una maniobra para desgastarlo. En cualquiera de los dos escenarios, la discusión ya dejó de ser solo jurídica y pasó a ser un pulso de poder con impacto directo en la credibilidad institucional.
