Atacan con explosivos la casa de un periodista que investigaba corrupción en Panamá
Imagen: clarin colombia
Un artefacto explosivo fue lanzado contra la casa de Rolando Rodríguez, subdirector de La Prensa, en San Miguelito, Panamá, en un ataque que coincide con la divulgación de una investigación sobre presuntos casos de corrupción. El episodio reaviva las alarmas sobre la presión y los riesgos que enfrentan los periodistas que tocan intereses poderosos.
Un ataque con explosivos contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector del diario La Prensa, sacudió la madrugada de San Miguelito y volvió a poner sobre la mesa una vieja pregunta en Panamá: qué tan seguro es investigar la corrupción cuando las revelaciones tocan a exfuncionarios y contratistas con poder real. El hecho ocurrió pocas horas antes de que el periodista difundiera un reporte sobre supuestos vínculos entre exfuncionarios y un contratista estatal, según informó Clarín Colombia.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, un agresor arrojó un artefacto explosivo contra la propiedad del comunicador en el distrito ubicado al norte de Ciudad de Panamá. No se han divulgado detalles sobre heridos ni sobre el alcance exacto de los daños, pero el mensaje intimidatorio es evidente: el ataque no parece casual, sino un golpe dirigido contra un periodista en medio de una cobertura incómoda para ciertos sectores. En países donde la corrupción se investiga a cuentagotas y con frecuencia bajo presión, este tipo de agresiones tiene un efecto que va más allá del susto inmediato: busca frenar, aislar y disciplinar.
Panamá arrastra desde hace años cuestionamientos sobre transparencia, contrataciones públicas y redes de influencia alrededor del Estado, un terreno especialmente sensible para la prensa de investigación. En ese contexto, el caso de Rodríguez no solo compromete la seguridad de un reportero, sino que también pone en evidencia el costo de ejercer el periodismo cuando la información amenaza intereses concretos. Si las autoridades no esclarecen rápidamente lo ocurrido, el mensaje que queda en el ambiente es peligroso: quien investiga puede terminar pagando un precio personal por hacer su trabajo. Y cuando eso pasa, no pierde solo un periodista; pierde la ciudadanía, que depende de esas pesquisas para entender cómo se manejan el dinero público y el poder.
