Portugal protesta por la crisis de pasaportes y crecen dudas sobre la Cancillería
Imagen: El Tiempo - Política
La relación entre Colombia y Portugal quedó bajo tensión por decisiones alrededor del contrato de pasaportes, mientras Thomas Greg volvió a operar en medio de interrogantes sobre la actuación de la Cancillería. El trasfondo ahora pasa por una nota verbal de protesta y por la posibilidad de acciones legales.
La crisis por la expedición de pasaportes escaló a un terreno diplomático y dejó a Colombia bajo el radar de Portugal, país que habría expresado su molestia por decisiones adoptadas sin que existiera todavía un fallo de fondo de la justicia. En el centro del pulso aparece Thomas Greg, que volvió a operar mientras crecen las dudas sobre el manejo de la Cancillería en un asunto que ya no es solo administrativo, sino también político y diplomático.
Según conoció EL TIEMPO - Política, la inconformidad de los portugueses quedó plasmada en una nota verbal, un canal formal de comunicación entre gobiernos que suele usarse cuando un Estado quiere dejar constancia de una protesta o una objeción oficial. El malestar estaría relacionado con medidas tomadas por Colombia en medio del debate sobre el futuro del contrato para la fabricación y gestión de pasaportes, sin que mediara todavía una determinación judicial definitiva sobre el fondo del conflicto. En paralelo, el regreso de Thomas Greg a la operación reavivó las críticas sobre la forma en que se tomaron las decisiones y sobre si la Cancillería actuó con suficiente respaldo jurídico y político.
El episodio importa porque expone algo más profundo que una discusión contractual: muestra cómo una disputa interna puede terminar afectando la imagen institucional del país frente a socios extranjeros y comprometiendo la confianza en la seguridad jurídica. Portugal, según la información conocida, no solo observó con preocupación el giro de los hechos, sino que habría decidido formalizar su inconformidad antes de que el caso avance hacia escenarios más delicados. Si el malestar escala, no se descarta que el asunto termine en reclamos diplomáticos más duros o incluso en una eventual demanda, aunque por ahora ese horizonte sigue en el terreno de la especulación. Lo cierto es que el caso de los pasaportes ya dejó de ser un trámite de contratación pública: hoy es una prueba de fuego para el Gobierno, para la Cancillería y para la credibilidad del Estado colombiano frente al manejo de sus compromisos internacionales.
Más allá del ruido político, el impacto para la ciudadanía es concreto. Cada tropiezo en esta materia prolonga la incertidumbre sobre un documento básico para millones de colombianos y revela la fragilidad de una transición que, en lugar de resolver el problema, ha terminado abriendo nuevos frentes de conflicto. En una decisión de este tipo, el costo no se mide solo en contratos, sino en confianza pública y reputación externa.
