Cancillería activa nueva urgencia para sostener expedición de pasaportes en Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
La Cancillería colombiana declaró una nueva urgencia manifiesta para evitar que se frene la expedición de pasaportes, luego de que un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera temporalmente el nuevo modelo. La decisión busca blindar la continuidad del servicio en medio de una disputa jurídica y operativa.
La Cancillería volvió a mover fichas para evitar que el país se quede sin una ruta clara para expedir pasaportes. Tras la suspensión temporal del nuevo modelo ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno declaró una nueva urgencia manifiesta con el argumento de garantizar la continuidad del servicio y evitar un colapso administrativo en una de las trámites más sensibles para los ciudadanos.
La decisión, según informó El Tiempo - Política, responde al impacto inmediato del fallo judicial sobre el esquema que el Ejecutivo había diseñado para reemplazar el modelo vigente. En términos prácticos, la urgencia manifiesta le permite al Estado acelerar decisiones contractuales y operativas para sostener la expedición mientras se resuelve el pulso jurídico. En un país donde sacar o renovar un pasaporte suele convertirse en una carrera contra filas, cupos limitados y cambios de reglas, cualquier sacudida institucional termina afectando directamente al ciudadano común.
Lo que está en juego va más allá de un trámite de viaje. El expediente de los pasaportes se ha convertido en un símbolo de la fragilidad con la que el Estado colombiano gestiona servicios esenciales cuando chocan la planeación contractual, la presión política y el control judicial. La suspensión del nuevo modelo por parte del Tribunal abrió un vacío que el Gobierno intenta cerrar con esta nueva urgencia, pero el episodio también deja en evidencia una pregunta de fondo: si la transición estaba realmente lista, ¿por qué el sistema sigue dependiendo de soluciones excepcionales para no detenerse? En la práctica, cada retraso o improvisación termina trasladando la incertidumbre a las oficinas, a los operadores y, sobre todo, a los usuarios que necesitan viajar por trabajo, estudios, salud o reunificación familiar.
Este nuevo capítulo confirma que el conflicto por los pasaportes ya no es solo una discusión administrativa, sino una pelea de alto costo político. Para el Gobierno, mantener el servicio en pie es una obligación inmediata; para los jueces, se trata de revisar si el nuevo modelo cumple con las exigencias legales; y para la ciudadanía, el resultado final se mide en algo muy concreto: si puede obtener el documento a tiempo o no. En un país acostumbrado a resolver con urgencias lo que debió planearse con anticipación, el caso de los pasaportes vuelve a mostrar cómo una decisión contractual mal cerrada termina convirtiéndose en un problema nacional.
