Recurso pendiente mantiene frenadas las apelaciones en el caso de pasaportes
Imagen: El Tiempo - Política
La disputa por el nuevo contrato de pasaportes sigue en pausa mientras la Imprenta Nacional insiste en un recurso que frenó el trámite de las apelaciones de Casa da Moeda de Portugal. En paralelo, la Cancillería ya cuenta con aval para presentar observaciones al informe remitido desde Portugal.
La pelea jurídica por el contrato de los pasaportes sigue atrapada en los tribunales y, por ahora, mantiene en vilo una decisión que debería destrabar el proceso. Según informó El Tiempo - Política, el recurso de reposición presentado por la Imprenta Nacional sigue sin resolverse y eso tiene en pausa las apelaciones interpuestas por Casa da Moeda de Portugal, la empresa que participa en el pulso contractual por la fabricación de los documentos.
El punto de fondo no es menor: mientras el expediente continúa acumulando recursos, el Gobierno no termina de despejar el camino para definir quién y bajo qué condiciones operará un servicio clave para miles de colombianos que necesitan tramitar o renovar su pasaporte. Al mismo tiempo, la Cancillería ya obtuvo aval para hacer observaciones al informe enviado desde Portugal, una movida que le permite fijar su posición dentro del proceso y no quedarse como simple espectadora de una controversia que mezcla contratación pública, diplomacia y ejecución administrativa.
Este nuevo episodio confirma que el caso de los pasaportes ya desbordó lo técnico y se convirtió en un asunto de alto voltaje político y judicial. La demora en resolver el recurso no solo prolonga la incertidumbre sobre el futuro del contrato, sino que también refleja la fragilidad con la que el Estado ha manejado un servicio esencial, donde cualquier tropiezo termina afectando al ciudadano común: el estudiante que necesita viajar, el trabajador que debe salir del país o la familia que espera una cita para obtener el documento. En ese contexto, cada decisión procesal gana peso porque puede acelerar o seguir frenando una solución definitiva.
A falta de una resolución de fondo, el proceso sigue dependiendo de movimientos legales que se cruzan entre entidades estatales y actores extranjeros. Lo que está en juego no es solo una adjudicación o una apelación: es la capacidad del Gobierno de cerrar un capítulo que ya ha producido suficiente desgaste institucional y que, de prolongarse, seguirá golpeando la confianza pública en la gestión de un trámite básico para la movilidad internacional de los colombianos.
