Buenaventura: las bandas oscilan entre la paz y el choque con la justicia
Imagen: El Tiempo (Colombia)
En Buenaventura, el terremoto político y social que dejó el cambio de Gobierno reabrió la pregunta más incómoda: si las bandas criminales seguirán apostando por negociaciones de paz o terminarán enfrentando la justicia. La decisión puede definir el control territorial y la seguridad de miles de habitantes en el principal puerto del Pacífico.
Buenaventura volvió a quedar en el centro del tablero criminal y político de Colombia. Tras el remezón que dejó el cambio de Gobierno, las principales estructuras delincuenciales del puerto se enfrentan a una decisión de fondo: insistir en una salida negociada o aceptar que el margen para moverse entre mesas de diálogo y control armado se les está cerrando. En una ciudad donde la violencia no es una abstracción sino una rutina que marca barrios, economías y desplazamientos, esa definición no solo afecta a las bandas; también determina si la población sigue atrapada entre el miedo y la expectativa de una paz que todavía no se concreta.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo (Colombia), los grupos criminales que operan en Buenaventura evalúan si se alinean con la apuesta del nuevo Gobierno por explorar rutas de sometimiento o si mantienen la lógica de resistencia frente al Estado. El dilema no es menor: una cosa es sentarse a hablar en busca de beneficios jurídicos y otra muy distinta es enfrentar una estrategia estatal que podría combinar presión judicial, operativos de fuerza e incentivos limitados para la desmovilización. En ese escenario, las organizaciones ilegales no solo miden el costo de seguir delinquiendo, sino también el riesgo de perder las rentas del narcotráfico, la extorsión y el control de corredores estratégicos hacia el Pacífico.
Buenaventura no es un caso aislado; es una radiografía de la tensión permanente entre política de seguridad y negociación en Colombia. Cada giro de Gobierno reordena expectativas, abre canales de interlocución y al mismo tiempo dispara cálculos dentro de las estructuras armadas. Pero en el puerto el problema es más profundo: la disputa por el territorio ha convertido a la población civil en rehén de una guerra de baja intensidad que cambia de nombre, pero no de consecuencias. Por eso esta pulseada importa tanto. Si las bandas optan por una paz instrumental, el riesgo es que busquen oxígeno sin desmantelar su poder real; si se inclinan por el choque con la justicia, la ciudad podría entrar en una nueva fase de retaliaciones y violencia. En cualquiera de los dos escenarios, lo que está en juego no es solo el futuro de unas organizaciones ilegales, sino la posibilidad de que Buenaventura deje de ser administrada por el miedo.
La gran pregunta es si el nuevo Gobierno logrará transformar el dilema criminal en una oportunidad real para recuperar el control del territorio. Sin resultados verificables, la palabra paz corre el riesgo de convertirse otra vez en un recurso táctico de las bandas y no en una salida para la ciudad. Y en Buenaventura, donde cada promesa incumplida se paga con sangre, ese matiz lo cambia todo.
