Noguera frena expectativas: peajes no bajarían sin estudios y sin proteger las vías
Imagen: infobae colombia
Elsa Noguera dijo que cualquier reducción en los peajes dependerá de estudios técnicos y jurídicos antes del 7 de agosto. La advertencia pone freno a las expectativas de alivios inmediatos y abre un pulso sobre cómo financiar la red vial.
La designada ministra de Transporte, Elsa Noguera, puso un límite claro a las expectativas de quienes esperan una baja inmediata en los peajes a partir del 7 de agosto: cualquier ajuste tarifario dependerá de estudios técnicos y jurídicos que permitan evitar un golpe a la financiación de las vías. En otras palabras, el próximo cambio de gobierno no necesariamente traerá una reducción automática para los conductores, pese a que el tema de los peajes se ha convertido en una de las promesas más sensibles para el bolsillo de los colombianos.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la funcionaria anticipó que el eventual rediseño del esquema de cobro no se hará por decisión política improvisada ni por una presión coyuntural, sino sobre la base de evaluaciones que permitan medir el impacto fiscal y contractual de cualquier rebaja. Esa precisión es clave porque en Colombia los peajes no solo financian obras y mantenimiento vial, sino que además están amarrados a concesiones, contratos de largo plazo y compromisos financieros que no pueden desconocerse sin consecuencias. El margen de maniobra, por tanto, existe, pero no es tan amplio como suelen sugerir los discursos de campaña.
El asunto importa porque el debate sobre los peajes condensa una tensión de fondo: por un lado, el reclamo ciudadano frente a tarifas que muchos consideran excesivas y desconectadas del ingreso real de los usuarios; por el otro, la necesidad del Estado de sostener la infraestructura que conecta regiones, mueve carga y sostiene buena parte del comercio nacional. Reducir peajes sin una fuente clara de reemplazo puede aliviar a corto plazo al transportador, pero también dejar huecos en la caja de proyectos viales que terminan pagándose en demoras, deterioro o nuevas cargas futuras. Por eso, más que una promesa de alivio inmediato, lo que plantea Noguera es una advertencia de gestión: cualquier reforma tendrá que equilibrar popularidad y sostenibilidad, dos variables que rara vez conviven sin conflicto.
Lo que ocurra desde el 7 de agosto marcará el tono inicial de la relación entre el nuevo gobierno, los gremios del transporte y los usuarios que ven en los peajes uno de los símbolos más visibles del costo de moverse por el país. Si el Ejecutivo decide tocar tarifas, deberá demostrar que puede hacerlo sin romper la ecuación financiera de las carreteras; si opta por la prudencia, enfrentará el costo político de aplazar una de las demandas más insistentes de la opinión pública. En ambos escenarios, el verdadero debate no es solo cuánto se paga en una caseta, sino quién termina financiando, y a qué ritmo, la infraestructura que sostiene la movilidad en Colombia.
