Roberto Sánchez lanza coalición en Perú con eje en Castillo y las protestas
Imagen: clarin colombia
Roberto Sánchez anunció en Perú una coalición parlamentaria con Obras y Ahora Nación para “recuperar la democracia”, en un movimiento que reaviva la disputa por el legado de Pedro Castillo. El bloque pondrá en el centro la justicia para las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 y la exigencia de libertad para el exmandatario.
El ex candidato presidencial peruano Roberto Sánchez dio un nuevo paso en la recomposición de la izquierda y anunció la creación de una coalición parlamentaria junto a los partidos Obras y Ahora Nación, con un mensaje político cargado de simbolismo: “recuperar la democracia”. La apuesta no es menor en un país que sigue atrapado en la fractura abierta tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, y donde cada reagrupamiento partidario vuelve a encender la disputa por la legitimidad del poder.
Según informó clarin colombia, Sánchez planteó que los pilares de esta alianza serán, por un lado, la justicia para las víctimas de las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, movilizaciones que dejaron una herida abierta en el país después de la salida de Castillo; y por otro, la libertad del ex presidente, condenado a prisión por el fallido intento de golpe de Estado. En la práctica, la coalición busca capitalizar un malestar todavía vivo en sectores que consideran que la respuesta del Estado a la crisis política fue desproporcionada y que la caída de Castillo no cerró, sino que profundizó la polarización.
Lo que está en juego va más allá de un anuncio parlamentario. En Perú, donde las instituciones han atravesado años de desgaste, alianzas como esta no solo ordenan fuerzas dentro del Congreso: también operan como un relato alternativo frente a la versión oficial de la crisis. Sánchez y sus socios intentan presentarse como voz de reparación para las familias afectadas por la represión y, al mismo tiempo, como defensores de Castillo, una figura que sigue dividiendo al país entre quienes lo ven como víctima de una persecución política y quienes lo consideran responsable de intentar quebrar el orden constitucional. Esa tensión seguirá marcando la agenda pública mientras el Congreso, la justicia y las calles disputan quién tiene autoridad moral para hablar de democracia en el Perú.
Para la ciudadanía, el movimiento tiene una lectura concreta: puede reactivar debates sobre memoria, justicia y responsabilidad institucional, pero también prolongar el clima de confrontación que ha paralizado la gobernabilidad. En un escenario de desconfianza crónica hacia la clase política, la nueva coalición se jugará su credibilidad no solo en el discurso de defensa de las víctimas, sino en su capacidad real de traducir esa agenda en poder parlamentario y en una propuesta que no se limite a la consigna.
