Petro quiere blindar la educación superior gratuita y prepara aranceles para la industria local
Imagen: infobae colombia
Gustavo Petro anunció que llevará al próximo consejo de ministros televisado una propuesta para cambiar la Ley 30 y convertir la gratuidad en la educación superior pública en un derecho universal. En paralelo, anticipó nuevos aranceles para blindar sectores sensibles como el calzado y las confecciones.
El presidente Gustavo Petro volvió a mover dos piezas centrales de su agenda económica y social: la educación superior y la protección de la industria nacional. Según informó infobae colombia, el mandatario anunció que en el próximo consejo de ministros televisado presentará una propuesta para modificar la Ley 30 con el fin de convertir la gratuidad en las universidades públicas en un derecho universal. Al mismo tiempo, adelantó medidas arancelarias dirigidas a sectores como el calzado y las confecciones, dos ramas golpeadas durante años por la competencia externa, el contrabando y la pérdida de tejido productivo.
La apuesta del Gobierno no es menor. La Ley 30 de 1992 ha sido durante décadas el marco que regula la educación superior en Colombia, pero también uno de los textos más cuestionados por estudiantes, rectores y analistas, precisamente porque dejó la financiación de la universidad pública dependiendo de esquemas que no crecieron al ritmo de la matrícula ni de las necesidades del sistema. Petro parece querer ir más allá de los subsidios parciales y de la gratuidad temporal que se ha venido implementando, para convertir el acceso sin costo en una obligación estructural del Estado. En términos políticos, eso lo ubica en el corazón de una discusión que toca bolsillo, movilidad social y desigualdad territorial: no solo quién entra a la universidad, sino quién puede mantenerse en ella sin endeudarse o abandonar.
Pero la propuesta también abre preguntas inevitables. ¿Cómo se financiaría una gratuidad universal en un sistema que ya arrastra déficits históricos? ¿Qué pasará con la autonomía universitaria, con la distribución de recursos entre instituciones y con la tensión entre cobertura y calidad? El debate no es solo técnico: es fiscal y profundamente político. En Colombia, donde la educación superior pública sigue siendo una ruta de ascenso para miles de jóvenes de estratos medios y bajos, cualquier cambio de fondo tocará a familias que hoy sostienen con sacrificio matrículas, transporte y manutención. Y si el Gobierno logra traducir su anuncio en una reforma real, estará intentando resolver una deuda vieja del Estado con una generación que sigue viendo la universidad como una promesa incompleta.
La otra cara del anuncio es económica. Petro dejó entrever nuevos aranceles para proteger sectores manufactureros como el calzado y las confecciones, dos industrias intensivas en empleo y con fuerte presencia de pequeños y medianos productores. Esa señal apunta a una política más proteccionista, en contraste con la apertura comercial que ha marcado buena parte de las últimas décadas. Para los consumidores, el efecto puede sentirse en precios; para los trabajadores, el objetivo es contener la destrucción de empleos y frenar la presión de mercancías importadas más baratas. En conjunto, el mensaje del Gobierno es claro: quiere usar al Estado como palanca para corregir desigualdades, pero deberá demostrar que puede hacerlo sin disparar el costo fiscal ni aislar sectores productivos que dependen también del comercio exterior.
