ICBF en el centro de la tormenta por denuncia de una supuesta nómina paralela de asesores
Imagen: El Tiempo - Política
La dirección del ICBF abrió una nueva controversia al denunciar una supuesta “supernómina” de 70 asesores heredada de la administración anterior. Astrid Cáceres respondió que se trata de una calumnia y pidió una rectificación pública.
La nueva dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) encendió una polémica de alto voltaje al denunciar que encontró una supuesta “supernómina” de 70 asesores en el despacho de la administración anterior. La advertencia, hecha por la directora nacional Carolina Restrepo, puso de inmediato bajo escrutinio la forma en que se administró una de las entidades sociales más sensibles del Estado, clave en la protección de la niñez, la atención a familias vulnerables y la ejecución de programas que llegan a todo el país.
Según informó El Tiempo - Política, Restrepo habló de una estructura de personal sobredimensionada en el nivel central, señalamiento que no solo cuestiona la eficiencia del gasto público, sino también la prioridad que recibió la planta de apoyo frente a las necesidades misionales del instituto. La respuesta de la exdirectora Astrid Cáceres fue contundente: calificó las acusaciones como una calumnia y exigió una rectificación. Ese choque no es menor, porque no se trata únicamente de una disputa de nombres entre dos funcionarias, sino de una discusión de fondo sobre el uso de recursos públicos, la transparencia administrativa y el legado real de la gestión saliente.
El caso importa porque el ICBF no es una entidad cualquiera: administra una agenda social delicada, con presión permanente sobre sus equipos territoriales y con vigilancia constante de opinión pública, veedurías y organismos de control. Si la cifra denunciada se sostiene, podría evidenciar una concentración inusual de asesores en el despacho central, algo que abre preguntas inevitables sobre el criterio técnico y político detrás de esas contrataciones, así como sobre el impacto que ello tuvo en el funcionamiento de la entidad. Si, por el contrario, la denuncia no se ajusta a la realidad, la controversia podría derivar en un pulso institucional y reputacional que erosione la credibilidad de ambas partes y termine desviando la atención de lo esencial: los niños, niñas y familias que dependen del ICBF.
En el fondo, este episodio revela una tensión recurrente en la administración pública colombiana: cada cambio de gobierno reabre la discusión sobre contrataciones, cuotas de confianza y burocracia paralela, pero pocas veces se traduce en una depuración estructural que resista el paso del tiempo. Por eso el debate no debería quedarse en la pelea política ni en el cruce de señalamientos. Lo que está en juego es si el Estado está usando sus recursos para fortalecer la atención social o para sostener aparatos administrativos inflados. Y en una entidad como el ICBF, cualquier respuesta exige más que indignación: pide cifras verificables, documentos, y una explicación clara para el país.
