Proyecto busca modernizar el Invima y frenar el atraso en trámites sanitarios
Imagen: El Tiempo - Política
El Congreso recibió una propuesta para modernizar el Invima con nuevas tecnologías y destrabar el cuello de botella que hoy frena licencias de medicamentos, alimentos y productos biológicos. La iniciativa llega en medio de crecientes quejas por demoras que impactan a la industria y, al final, también al consumidor.
El represamiento de trámites en el Invima volvió a poner sobre la mesa una reforma que, aunque suena técnica, tiene efectos directos sobre el bolsillo, la salud pública y la competitividad del país. La senadora Claudia Margarita Zuleta presentó un proyecto para modernizar la entidad mediante la incorporación de nuevas tecnologías, con el objetivo de acelerar procesos de licenciamiento y reducir la acumulación de solicitudes para medicamentos, alimentos y otros productos biológicos.
La apuesta legislativa parte de un problema que el sector productivo y varios actores de la salud vienen señalando desde hace tiempo: la lentitud institucional termina encareciendo los tiempos de entrada de productos al mercado y retrasa decisiones que deberían resolverse con mayor agilidad. En una entidad como el Invima, encargada de autorizar y vigilar bienes que van desde fármacos hasta alimentos procesados, una demora no es un asunto menor. Cuando los expedientes se acumulan, el impacto se siente en la industria, pero también en los pacientes y consumidores que dependen de una respuesta oportuna del Estado.
Más allá del trámite legislativo, el debate de fondo es si Colombia está preparada para dejar atrás un modelo administrativo que sigue operando con excesiva fricción burocrática. Modernizar el Invima no significa solo digitalizar formularios o cambiar plataformas; implica replantear la forma en que el Estado procesa información, prioriza riesgos y toma decisiones regulatorias. En un país donde las demoras regulatorias suelen convertirse en barreras para la innovación y la inversión, la propuesta de Zuleta toca una fibra sensible: la necesidad de que la vigilancia sanitaria sea estricta, sí, pero también eficiente. Si el proyecto avanza, la discusión no será únicamente tecnológica, sino política: cómo equilibrar control, rapidez y transparencia sin debilitar la función de una entidad clave para la salud pública.
El contexto internacional también presiona. En mercados más avanzados, las agencias regulatorias vienen incorporando automatización, interoperabilidad de datos y herramientas digitales para agilizar evaluaciones sin sacrificar estándares. Colombia, en cambio, sigue lidiando con cuellos de botella que terminan afectando la competitividad de su industria farmacéutica y alimentaria. Por eso esta iniciativa no debería leerse como un simple anuncio en el Congreso, sino como una prueba de si el Estado puede modernizar una de sus instituciones más sensibles antes de que el retraso siga costándole tiempo, dinero y confianza al país.
