Atacan a dos guardianes del Inpec en Barranquilla y crece la alarma
Imagen: El Tiempo - Política
Un ataque sicarial contra dos guardianes del Inpec en Barranquilla reavivó la alarma por la violencia contra el sistema carcelario. Abelardo De La Espriella condenó el hecho y advirtió que los traslados de internos seguirán pese a las amenazas.
Un ataque sicarial contra dos guardianes del Inpec en Barranquilla volvió a poner en evidencia la fragilidad con la que opera el sistema penitenciario en Colombia. El hecho, ocurrido en las últimas horas, generó una respuesta inmediata de Abelardo De La Espriella, quien condenó la agresión y afirmó que las decisiones de traslado de internos no se frenarán por la intimidación criminal.
De acuerdo con la información conocida, dos funcionarios de custodia fueron atacados en la capital del Atlántico en medio de una escalada de amenazas que desde hace semanas viene golpeando a personal penitenciario en distintas regiones del país. El episodio no solo expone el riesgo cotidiano de los guardianes del Inpec, sino también la capacidad de presión que conservan estructuras delincuenciales sobre las cárceles y sobre quienes ejecutan las medidas de control al interior y fuera de ellas.
La advertencia de De La Espriella apunta a un punto central: en Colombia, mover internos de alto riesgo no es una decisión administrativa menor, sino una acción que toca intereses criminales profundamente arraigados. Cada traslado puede alterar alianzas, castigar liderazgos o desordenar redes de mando desde prisión. Por eso las amenazas contra custodios no son hechos aislados ni simples retaliaciones; son señales de una disputa por el control del poder carcelario, un terreno donde el Estado suele llegar tarde y con protección insuficiente para sus propios funcionarios.
Lo ocurrido en Barranquilla también obliga a mirar el problema más allá del hecho policial. Si el Inpec no logra blindar a sus guardianes, cualquier política de seguridad penitenciaria queda debilitada desde la base. Para la gente de a pie, la consecuencia es clara: cárceles sometidas por la presión armada terminan proyectando violencia hacia las calles, alimentando extorsiones, ajustes de cuentas y nuevas amenazas contra servidores públicos. La discusión ya no es solo sobre un ataque, sino sobre hasta dónde puede sostenerse la autoridad del Estado cuando custodiar una prisión se convierte en una actividad de alto riesgo mortal.
