Gobierno nombra alcalde ad hoc en Cali para definir el POT tras impedimento de Eder
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Gobierno designó a Nicolás Gómez Arenas como alcalde ad hoc de Cali para decidir sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, luego de que Alejandro Eder se declarara impedido por conflicto de intereses. La decisión abre una nueva capa de escrutinio sobre un trámite clave para el futuro urbano de la ciudad.
La Presidencia designó a Nicolás Gómez Arenas como alcalde ad hoc de Cali para asumir las decisiones relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), después de que el alcalde Alejandro Eder se declarara impedido por un conflicto de intereses, según informó El Tiempo (Colombia). La movida no es menor: el POT define hacia dónde crece la ciudad, dónde se puede construir, qué zonas se protegen y cómo se ordena el suelo en una capital regional que ya carga con problemas de expansión desordenada, movilidad y presión sobre su periferia.
De acuerdo con la información divulgada por el diario colombiano, Gómez Arenas, jefe del Despacho Presidencial, quedará al frente de las decisiones administrativas que Eder no puede tomar por su impedimento. En la práctica, eso significa que una figura designada por el Ejecutivo nacional tendrá la responsabilidad de destrabar o encauzar un proceso urbanístico que suele despertar choques entre constructores, comunidades, ambientalistas y autoridades locales. En Cali, el POT no es un documento técnico más: es la hoja de ruta que puede redefinir el valor del suelo, el acceso a vivienda, la protección de áreas ambientales y la expansión de infraestructura en una ciudad marcada por profundas desigualdades territoriales.
El episodio también deja ver una tensión conocida en Colombia: cuando los alcaldes se apartan de decisiones sensibles por posibles conflictos de interés, el Estado recurre a figuras ad hoc para evitar que el proceso se paralice, pero al mismo tiempo traslada el poder de decisión a un funcionario que no fue elegido por voto popular en la ciudad. Ese equilibrio entre legalidad, transparencia y legitimidad política importa porque el POT de Cali no solo ordena planos; condiciona inversiones, define oportunidades para barrios enteros y puede acelerar o frenar proyectos que impactan directamente la vida cotidiana de millones de personas. En otras palabras, lo que hoy se resuelva en despachos tendrá consecuencias durante años en el costo de vivir, moverse y crecer en la ciudad.
Más allá del trámite administrativo, este nombramiento evidencia que el debate urbano de Cali entra en una fase decisiva. Si el POT logra avanzar con reglas claras y sin sospechas, la administración podría ganar margen para ordenar una ciudad que lleva décadas creciendo a saltos. Pero si el proceso queda atrapado entre disputas políticas y dudas sobre la conducción del expediente, la capital del Valle volverá a pagar el precio más común de la descoordinación institucional: más improvisación, más presión sobre el territorio y menos capacidad para planificar el futuro.
