Gobierno pone bajo revisión las fotomultas por denuncias de abusos
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente ordenó revisar a fondo las cámaras de fotodetección en todo el país, en medio de crecientes cuestionamientos sobre posibles abusos contra los conductores. La instrucción pone bajo la lupa la operación, la legalidad y el uso real de estas herramientas de control vial.
El presidente Abelardo De la Espriella le pidió al Ministerio de Transporte evaluar de manera integral la operación y la legalidad de los sistemas de fotodetección en todo el país, una decisión que abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno, las autoridades de tránsito y millones de conductores que desde hace años señalan posibles abusos en las llamadas fotomultas. La orden presidencial llega en un momento en que estos dispositivos, creados para mejorar el control vial, han quedado atrapados entre la necesidad de sancionar infracciones y las denuncias sobre cobros excesivos, fallas de notificación y operativos que, en algunos casos, parecen más orientados a recaudar que a prevenir accidentes.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo - Política, el mandatario instruyó a la cartera de Transporte a revisar cómo están funcionando estos sistemas, qué tan ajustados están a la norma y si su uso responde realmente a criterios de seguridad vial. La revisión incluye no solo la operación técnica de las cámaras, sino también su legalidad, un punto clave porque en distintas regiones del país persisten dudas sobre permisos, señalización, procedimientos de instalación y el sustento jurídico de algunas sanciones. El asunto no es menor: para muchos ciudadanos, la discusión sobre las fotomultas se ha convertido en un símbolo del descontento con un modelo de control que, en la práctica, termina golpeando el bolsillo de quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse.
La decisión del presidente tiene implicaciones políticas y administrativas. Por un lado, reconoce que el tema dejó de ser una queja aislada y pasó a ser una preocupación nacional. Por otro, obliga al Gobierno a confrontar una herramienta que durante años se ha defendido como necesaria para ordenar el tránsito, pero que también ha sido cuestionada por la opacidad con la que opera en algunos territorios. Si la revisión del Ministerio de Transporte se toma en serio, podría derivar en cambios sobre la forma en que se autorizan, vigilan y sancionan estos sistemas; si no pasa de un gesto político, el malestar ciudadano seguirá creciendo. En una coyuntura donde la confianza en las instituciones es frágil, cualquier abuso percibido en las fotodetecciones erosiona aún más la relación entre Estado y conductores.
Más allá del debate técnico, el fondo del asunto es sencillo: las cámaras de fotodetección no pueden convertirse en una máquina automática de multas sin controles claros ni garantías para el ciudadano. Si el Gobierno logra establecer reglas transparentes y corregir excesos, podría recuperar algo de legitimidad en una política pública que nació para salvar vidas, no para alimentar la sospecha. Pero si la revisión se queda en el anuncio, el país seguirá viendo las fotomultas como una sanción que castiga más la desconfianza que la infracción.
