De La Espriella sube la presión sobre la Universidad de Córdoba y su rector
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente Abelardo De La Espriella pidió a la Procuraduría y la Fiscalía acelerar las investigaciones contra el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, a quien señaló de querer permanecer en el cargo mediante prácticas corruptas. El choque eleva la tensión en una de las universidades públicas más sensibles de la región.
El presidente Abelardo De La Espriella escaló este lunes el pulso con la Universidad de Córdoba al ordenar una visita a la institución y pedirle a la Procuraduría y a la Fiscalía que den prioridad a las investigaciones contra su rector, Jairo Torres Oviedo. La movida no es menor: pone al centro de la discusión el manejo de una de las universidades públicas más importantes del Caribe colombiano y abre un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la dirección académica.
Según informó El Tiempo - Política, el mandatario acusó al rector de intentar “atornillarse” en el cargo con prácticas corruptas, una señal que, más allá del lenguaje político, busca instalar la idea de que en la universidad habría serias dudas sobre la legitimidad de la permanencia de su máxima autoridad. La petición a los órganos de control y a la justicia apunta a acelerar unas pesquisas que, de confirmarse, podrían traducirse en sanciones disciplinarias o incluso en consecuencias penales. En paralelo, la orden de visita sugiere que el Ejecutivo quiere tener su propia radiografía de lo que ocurre dentro de la institución.
El trasfondo de este episodio es más amplio que una disputa personal. Las universidades públicas en Colombia han sido escenario recurrente de peleas por poder, denuncias sobre clientelismo y cuestionamientos al uso de recursos. Cuando un rector queda bajo la lupa, no solo está en juego su nombre: también la confianza de estudiantes, profesores y familias que dependen de una administración transparente para que la educación superior cumpla su función social. En Córdoba, donde la universidad representa movilidad social para miles de jóvenes, cualquier sospecha sobre corrupción golpea directamente la credibilidad de la institución y alimenta el descontento de una comunidad que suele cargar con las consecuencias de la mala gestión.
Lo que viene ahora dependerá de la velocidad y solidez de las investigaciones. Si la Procuraduría y la Fiscalía avanzan con decisión, el caso podría convertirse en un precedente sobre control institucional en el sistema universitario público. Si, por el contrario, todo queda en una disputa política sin resultados concretos, el ruido terminará reforzando la sensación de impunidad. En Colombia, ese es el verdadero problema: cuando la pelea por el poder se impone sobre la rendición de cuentas, el costo siempre lo termina pagando la educación pública y, con ella, los estudiantes que esperan algo más que promesas y escándalos.
