Gobierno anuncia auditoría al Fomag y endurece respuesta a la Cric
Imagen: El Tiempo - Política
Tras el consejo de ministros del 6 de octubre, el presidente anunció una auditoría al Fomag y endureció su mensaje frente a las movilizaciones convocadas por la Cric. También advirtió que no permitirá bloqueos entre el 11 y el 14 de octubre.
El presidente anunció una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y elevó el tono frente a las movilizaciones anunciadas por la Cric, al dejar claro que no aceptará negociar bajo presión. La advertencia presidencial llegó después del consejo de ministros de este 6 de octubre y estuvo acompañada de un mensaje directo: el Gobierno no tolerará bloqueos entre el 11 y el 14 de octubre.
La decisión de revisar el Fomag pone el foco sobre uno de los puntos más sensibles de la relación entre el Estado y el magisterio: el manejo de los recursos y la prestación de servicios a los docentes. Aunque el anuncio no detalló el alcance técnico de la auditoría ni sus tiempos, sí marca una señal política clara de vigilancia sobre una entidad que históricamente ha estado en el centro de quejas por demoras, tensiones administrativas y reclamos de los maestros. En paralelo, la respuesta a la Cric busca desactivar desde ya cualquier estrategia de presión en las calles.
El trasfondo es evidente: el Gobierno intenta combinar control institucional con firmeza frente a la protesta social, en un momento en que cualquier bloqueo puede escalar rápidamente el costo político y afectar la movilidad, el comercio y la vida cotidiana en varias regiones. Para las comunidades indígenas y para el magisterio, la lectura también es clara: el Ejecutivo quiere llevar las diferencias al terreno de la institucionalidad, no de la confrontación en carretera. Pero en Colombia esa línea rara vez es sencilla de sostener, sobre todo cuando las demandas de los movimientos sociales tocan asuntos acumulados por años.
Lo que ocurra entre el 11 y el 14 de octubre será una prueba de fuerza para ambas partes. Si el Gobierno cumple su advertencia, la discusión se trasladará a las mesas y a las entidades de control; si las organizaciones insisten en la presión callejera, el país podría entrar en un nuevo pulso con efectos inmediatos sobre el orden público y la gobernabilidad.
