JEP alerta por recorte de $100.000 millones y advierte riesgo para víctimas y autonomía
Imagen: infobae colombia
La discusión por el presupuesto de la JEP subió de tono luego de que su presidente advirtiera que recortarle $100.000 millones al tribunal comprometería su autonomía y la atención a las víctimas. La propuesta, impulsada por el senador Enrique Gómez y respaldada por el presidente de la República, abre un pulso político sobre la justicia transicional.
La advertencia llegó en un momento sensible: la Jurisdicción Especial para la Paz salió al paso de la propuesta del senador Enrique Gómez de quitarle $100.000 millones a su presupuesto y aseguró que un recorte de ese tamaño no sería un simple ajuste fiscal, sino un golpe directo a su capacidad de operar, proteger personas y garantizar los derechos de las víctimas. Según informó infobae colombia, el presidente del tribunal transicional sostuvo que la iniciativa pone en riesgo la autonomía de la entidad y el funcionamiento básico de sus sedes, en una coyuntura en la que la justicia para el posconflicto sigue siendo un tema de alta tensión política en el país.
La discusión no es menor porque el presupuesto de la JEP no se traduce solo en trámites administrativos: de esos recursos depende el sostenimiento de equipos técnicos, la seguridad de comparecientes, la atención a víctimas, la logística de audiencias y el despliegue territorial de una institución que nació para esclarecer crímenes graves del conflicto armado y sancionar a sus responsables. De acuerdo con lo expuesto por el presidente del tribunal, el recorte respaldado por el jefe de Estado y promovido por el director de Salvación Nacional no solo afectaría la operación interna, sino que podría comprometer garantías esenciales para quienes participan en el proceso. En otras palabras, la discusión fiscal toca de frente la columna vertebral de una jurisdicción que ha sido diseñada para equilibrar justicia, verdad y reparación.
El trasfondo político también importa. La JEP ha sido uno de los organismos más cuestionados por sectores que consideran que su alcance es excesivo o que sus resultados han sido lentos, pero también es una pieza central del acuerdo de paz y del andamiaje institucional que Colombia construyó para tramitar su conflicto más largo. Reducirle recursos en esa magnitud podría interpretarse como una señal de debilitamiento institucional en un momento en que la legitimidad de la justicia transicional necesita sostenerse con hechos, no solo con discursos. Y para las víctimas, que han esperado años por respuestas, cualquier recorte que retrase investigaciones o reduzca capacidades se traduce en más incertidumbre y más distancia frente a la promesa de justicia.
Más allá del pulso entre el Gobierno, el Senado y la JEP, el debate deja una pregunta de fondo: si el Estado reduce el músculo financiero de la institución encargada de esclarecer el conflicto, ¿quién asume el costo político y humano de esa decisión? En un país donde la impunidad ha sido una de las grandes deudas históricas, recortar el presupuesto de la justicia transicional no es solo una discusión contable; es una decisión que puede alterar el ritmo de verdad, reparación y garantías para miles de personas que siguen esperando resultados concretos.
