Lidio García frena versiones sobre suspensión de Petro y marca límite constitucional
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente del Congreso, Lidio García, frenó la discusión sobre una eventual suspensión del presidente Gustavo Petro y recordó que la Comisión de Acusación no tiene esa competencia. El mensaje pone un límite jurídico a una conversación que, en Colombia, suele desbordarse rápido hacia la pelea política.
El presidente del Congreso, Lidio García, salió a cerrar la puerta a una de las especulaciones más sensibles del momento: la posibilidad de suspender al presidente Gustavo Petro. Su mensaje fue directo y con carga política, pero sobre todo institucional: la Comisión de Acusación de la Cámara no tiene competencia para apartar al jefe de Estado, y convertir ese debate en una bandera partidista, advirtió, sería confundir la ley con la coyuntura. En un país acostumbrado a que cada choque entre poderes termine amplificado por la polarización, la precisión no es menor. Habla de los límites del sistema y de hasta dónde puede llegar, realmente, el Congreso frente al Ejecutivo.
La aclaración de García cobra relevancia porque la Comisión de Acusación es la instancia encargada de investigar al presidente de la República, pero eso no equivale a poder suspenderlo de manera automática. En Colombia, el tratamiento de eventuales responsabilidades del jefe de Estado está rodeado de controles constitucionales estrictos, precisamente para evitar que una mayoría circunstancial use los mecanismos de control político como un atajo para producir una destitución de facto. Por eso, cuando García insiste en que no se debe hacer política con la ley ni con la Constitución, está marcando una línea entre la crítica legítima al Gobierno y la tentación de forzar las reglas para obtener un resultado que la norma no permite. La discusión, en otras palabras, no es solo sobre Petro: también es sobre el respeto a la arquitectura institucional del Estado.
Este episodio revela una tensión de fondo que Colombia no ha resuelto del todo: la brecha entre el ruido político y la realidad jurídica. En medio de la confrontación entre Gobierno, oposición y ramas del poder público, cualquier pronunciamiento sobre una eventual suspensión presidencial puede terminar vendiéndose como una salida institucional a una crisis política, cuando en realidad la Constitución impone procedimientos mucho más rígidos y excepcionales. Eso importa porque en un país con alta desconfianza ciudadana, la confusión entre control y persecución, o entre legalidad y cálculo electoral, termina erosionando la credibilidad de todas las instituciones. Si se insiste en llevar el debate por fuera de los cauces previstos, el resultado no será más gobernabilidad, sino más ruido y más deslegitimación.
Para la ciudadanía, especialmente para quienes siguen la política desde la incertidumbre económica y la fatiga institucional, la advertencia de García deja una lección incómoda pero necesaria: no todo lo que se pide en el debate público es jurídicamente posible. Y no todo lo que se puede discutir en el Congreso debe convertirse en una maniobra para resolver por la vía política lo que exige un trámite constitucional. En un momento en que el país necesita certezas y no más fuego cruzado, el llamado del presidente del Congreso funciona como recordatorio de algo elemental: las reglas del juego no están para adaptarse a la conveniencia del día, sino para contener el poder, incluso cuando el poder lo encarna el presidente.
