Henríquez pide aclarar versión sobre crimen de Miguel Uribe
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió a la Fiscalía que aclare una versión que vincula el crimen de Miguel Uribe con órdenes presuntamente salidas del Congreso. La denuncia surgió después de que María Claudia Tarazona dijera haber recibido información que relaciona a políticos con el magnicidio.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, le exigió a la Fiscalía una aclaración inmediata sobre la versión que apunta a que el crimen de Miguel Uribe habría sido ordenado desde el Congreso. La solicitud eleva la tensión política alrededor de un caso que ya golpea al Legislativo y que ahora abre interrogantes sobre eventuales responsabilidades de actores con poder institucional.
La polémica tomó fuerza luego de que María Claudia Tarazona, viuda del senador, afirmara que le llegó información que vincula a políticos con el magnicidio. Esa declaración, de acuerdo con El Tiempo - Política, puso sobre la mesa una hipótesis delicada que todavía no ha sido respaldada públicamente por pruebas conocidas, pero que ya obligó a dirigentes del Capitolio a reaccionar ante el posible alcance de la denuncia.
Henríquez, según informó ese medio, no solo pidió claridad sobre el origen y el sustento de esa versión, sino también una respuesta rápida de las autoridades para evitar que el caso se convierta en un terreno fértil para la especulación. En un país con una larga historia de violencia política, cualquier insinuación de que un asesinato de alto perfil pudo haber sido planeado desde una corporación pública toca una fibra especialmente sensible y amenaza con profundizar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Más allá de la disputa inmediata, el episodio deja en evidencia el peso político y simbólico del asesinato de Miguel Uribe. Si la Fiscalía confirma que la línea de investigación mencionada carece de respaldo, el Congreso quedará ante el reto de recomponer su credibilidad. Si, por el contrario, aparecen elementos serios que conecten a políticos con el crimen, el escándalo podría escalar a una crisis institucional de gran magnitud. Para la ciudadanía, el punto de fondo es uno: saber si el poder político está siendo investigado con independencia y si la justicia está en capacidad de llegar hasta el fondo sin presiones ni blindajes.
