Petro llevará a los tribunales a Angie Rodríguez por alerta sobre traslado de un billón
Imagen: El Tiempo - Política
Gustavo Petro anunció que llevará a los tribunales a Angie Rodríguez, tras sus alertas sobre el traslado de un billón de pesos del Fondo de Adaptación a la UNGRD. El choque abre un nuevo frente político en la recta final del Gobierno.
El presidente Gustavo Petro escaló su confrontación con Angie Rodríguez y anunció acciones legales en su contra, luego de que la funcionaria encendiera las alarmas por el traslado de un billón de pesos desde el Fondo de Adaptación hacia la UNGRD, cuando al Gobierno le quedan apenas días para cerrar su mandato. La disputa no es menor: toca el manejo de recursos públicos en una etapa de transición, justo cuando la administración saliente debería estar blindando la confianza institucional y no alimentando sospechas sobre el destino de una suma de enorme peso fiscal.
Según informó El Tiempo - Política, Rodríguez puso sobre la mesa una alerta por esa movida presupuestal, que a su juicio merecía explicaciones urgentes por el tamaño del monto y por el momento en que se haría efectiva. Petro respondió con dureza y sostuvo que ella estaría defendiendo su cargo con base en una mentira, dejando claro que no piensa dejar pasar la acusación sin acudir a instancias judiciales. El choque revela una fractura interna que ya no se limita a diferencias técnicas: se convirtió en una pelea abierta por la narrativa sobre transparencia, legalidad y control del gasto estatal.
Más allá del intercambio personal, el episodio expone un problema de fondo que Colombia conoce demasiado bien: la fragilidad con la que suelen manejarse las grandes decisiones presupuestales en el tramo final de los gobiernos. Un traslado de un billón de pesos no es una discusión menor ni un simple ajuste administrativo; implica prioridades, riesgos de ejecución y preguntas inevitables sobre quién controla el dinero y con qué respaldo técnico se toma una decisión de ese tamaño. En un país donde la desconfianza sobre la contratación y el uso de recursos públicos es alta, cualquier movimiento de esta magnitud exige explicaciones claras, documentos públicos y trazabilidad completa. Si no las hay, el costo político puede ser mayor que el fiscal.
Este nuevo pulso entre Petro y Rodríguez también deja una señal inquietante para el cierre del Gobierno: la administración entra en su fase final con tensiones internas que terminan ventilándose en público y con amenazas judiciales de por medio. Para la ciudadanía, el asunto importa por una razón básica: porque detrás de cada traslado presupuestal hay plata de los contribuyentes, y cuando el Estado discute a gritos cómo moverla, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de un funcionario, sino la confianza en que los recursos terminarán donde realmente se necesitan.
