Procuraduría investiga a 20 docentes de Unisucre por presuntos pagos millonarios
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Procuraduría abrió investigación contra 20 docentes de planta de la Universidad de Sucre por presuntas irregularidades en el pago de sueldos que habrían llegado hasta los $90 millones mensuales. El caso pone bajo la lupa el uso de recursos públicos y los incentivos salariales en la educación superior oficial.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra 20 docentes de planta de la Universidad de Sucre por presuntas irregularidades en el incremento de sus ingresos, que habrían pasado de entre $12 y $13 millones mensuales a cifras cercanas a los $90 millones por concepto de puntos de productividad académica. El caso, revelado por El Tiempo (Colombia), sacude a una universidad pública del Caribe y reabre el debate sobre cómo se están asignando y controlando los recursos en la educación superior estatal.
De acuerdo con la información conocida, el foco de la indagación está en posibles anomalías relacionadas con la liquidación de estos pagos adicionales, que en teoría deberían responder a parámetros académicos verificables, como publicaciones, producción científica, formación y otros méritos evaluables. La diferencia entre los salarios base reportados y los montos finales que habrían recibido algunos profesores hace saltar una alarma evidente: no solo por la magnitud de las cifras, sino porque se trata de dinero público en un contexto de estrechez presupuestal para las universidades oficiales. La Procuraduría busca establecer si hubo fallas administrativas, decisiones irregulares o eventuales favorecimientos en el reconocimiento de esos puntos.
Más allá del expediente disciplinario, este caso toca una fibra sensible en Colombia: el uso de mecanismos de estímulo académico que, en teoría, deberían premiar la calidad y la investigación, pero que en la práctica pueden convertirse en una puerta para desbalances salariales difíciles de justificar ante la opinión pública. Si se confirman irregularidades, el asunto no solo comprometería a los docentes investigados, sino también a las áreas administrativas encargadas de validar y pagar esos emolumentos. Y si no las hay, el episodio igual deja una pregunta incómoda: ¿qué tan robustos son los controles internos en las universidades públicas para evitar que un incentivo legítimo termine convertido en un foco de sospecha?
El caso de Unisucre importa porque va más allá de una disputa laboral o de una auditoría puntual. En un país donde las universidades estatales suelen operar con recursos limitados, cualquier señal de manejo dudoso en nóminas o bonificaciones erosiona la confianza ciudadana y alimenta la percepción de privilegios dentro del sistema público. Ahora será clave conocer si la investigación disciplinaria logra establecer responsabilidades individuales o si termina revelando un problema estructural en la forma como se reconocen y supervisan estos pagos dentro de la educación superior colombiana.
