Puigdemont lleva a Bruselas su denuncia por el freno a la amnistía en España
Imagen: El País
Carles Puigdemont elevó su pulso con el Estado español a Bruselas y denunció ante la Comisión Europea que no se le está aplicando la amnistía. El movimiento llega después de que el Tribunal de Cuentas frenara su perdón automático tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.
Carles Puigdemont dio un nuevo salto en su batalla judicial y política contra el Estado español al llevar ante la Comisión Europea la denuncia de que no se le está aplicando la ley de amnistía. El movimiento, confirmado por El País, llega justo después de que el Tribunal de Cuentas rechazara concederle el perdón de forma automática, pese a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y vuelve a colocar el conflicto catalán en el corazón de Bruselas.
La ofensiva del dirigente independentista no es menor: apunta directamente a las instituciones europeas para cuestionar la forma en que España está ejecutando una norma concebida para cerrar una de las etapas más tensas de la política española reciente. En la práctica, Puigdemont busca que la Comisión Europea revise si el Estado está respetando el marco comunitario y, al mismo tiempo, ganar presión política en un terreno donde el independentismo suele intentar internacionalizar su disputa con Madrid. El episodio tiene además una dimensión económica y jurídica concreta, porque el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas afecta responsabilidades contables y posibles cantidades a reintegrar, es decir, consecuencias patrimoniales reales y no solo simbólicas.
El trasfondo importa porque la amnistía fue presentada por el Gobierno español como una vía para rebajar la tensión con el independentismo y normalizar la relación institucional en Cataluña, pero su aplicación ha quedado atrapada entre recursos, interpretaciones contrapuestas y resistencias de distintos órganos del Estado. Que el asunto escale ahora a Bruselas no garantiza un desenlace favorable para Puigdemont, pero sí revela que la batalla sigue abierta y que cada decisión judicial puede convertirse en munición política en ambos lados. Para España, el caso vuelve a poner bajo la lupa su capacidad de cumplir y hacer cumplir una ley polémica sin romper la cohesión institucional; para Cataluña, mantiene vivo un conflicto que sigue dividiendo a la sociedad entre quienes ven en la amnistía una solución política y quienes la consideran una concesión inaceptable.
En el fondo, lo que está en juego no es solo el futuro procesal de Puigdemont, sino la lectura que Europa haga de la respuesta española al procés. Si la Comisión decide tomar nota o intervenir de algún modo, el debate ganará una dimensión aún más sensible. Si no, el independentismo habrá sumado un nuevo episodio para sostener que su caso no se resuelve en los tribunales españoles, sino en una pugna de mayor alcance con el Estado y con las instituciones europeas.
