Gobierno alista reforma de tránsito para frenar abusos en fotomultas, grúas y patios
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno alista un nuevo Código Nacional de Tránsito que promete golpear de frente el negocio de las fotomultas, las grúas y los patios. La reforma abre un pulso entre control vial y abuso del cobro a los conductores.
El Gobierno prepara un rediseño profundo del Código Nacional de Tránsito con una promesa política de alto voltaje: desmontar lo que varios funcionarios describen como un sistema capturado por “mafias” alrededor de las fotomultas, las grúas y los patios. Según informó El Tiempo - Política, el anuncio fue respaldado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien aseguró que esa cadena de cobros y sanciones será revisada para frenar abusos que, durante años, han golpeado directamente el bolsillo de los conductores en las principales ciudades del país.
La iniciativa llega en un momento en que el malestar ciudadano con las sanciones de tránsito no solo persiste, sino que crece. En Colombia, buena parte de la discusión sobre movilidad se ha concentrado menos en la seguridad vial y más en la percepción de que algunos esquemas de control funcionan como un negocio. Las fotomultas han sido cuestionadas por supuestas irregularidades en su instalación, por falta de claridad en la señalización y por la forma en que terminan convirtiéndose en una máquina de recaudo. A eso se suman las grúas y patios, que para miles de conductores representan el costo más visible de una inmovilización: no solo pagan la multa, sino también el traslado, el almacenamiento y, en muchos casos, trámites que resultan engorrosos y caros.
Lo que está sobre la mesa, en la práctica, no es un simple ajuste técnico sino una disputa por el control de un negocio que mueve recursos y poder en municipios y ciudades. Si el Gobierno logra avanzar en una reforma de fondo, el impacto podría sentirse en tres frentes: menos discrecionalidad para los operadores privados o mixtos, mayor presión para que las sanciones estén verdaderamente ligadas a la seguridad vial y un alivio parcial para los conductores que hoy ven el sistema como una trampa más que como un mecanismo de prevención. Pero también habrá resistencia. Cada cambio que toque multas, grúas o patios golpea intereses instalados y abre el debate sobre cómo financiar la gestión del tránsito sin convertirla en un peaje urbano.
Por eso esta reforma importa más allá del ruido político. Si el nuevo código termina corrigiendo abusos, podría recuperar legitimidad para una autoridad de tránsito cada vez más cuestionada. Si, por el contrario, se queda en un anuncio contra las “mafias” sin tocar el modelo de fondo, el resultado será el de siempre: más desconfianza ciudadana y la sensación de que el Estado promete ordenar las vías, pero sigue dejando intactas las estructuras que hacen negocio con el desorden.
