Procuraduría investiga a exalcalde de Yotoco por presunto ocultamiento de su patrimonio
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Procuraduría abrió un proceso disciplinario contra el exalcalde de Yotoco, Jorge Humberto Tascón, por presuntamente ocultar información financiera que debía ser pública. El caso vuelve a poner bajo la lupa el cumplimiento de las reglas de transparencia patrimonial en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, Jorge Humberto Tascón, al considerar que habría incumplido las obligaciones de transparencia patrimonial que impone la ley a los funcionarios públicos. El eje de la investigación es delicado: según el ente de control, el exmandatario habría ocultado información sobre sus cuentas y datos financieros, una conducta que, de confirmarse, no solo afectaría su responsabilidad personal sino también la confianza pública sobre el manejo de los recursos y el origen del patrimonio de quienes han ocupado cargos de elección popular.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), la Procuraduría formuló cargos por una presunta evasión de lo establecido en la Ley 2013, la norma que obliga a ciertos servidores a hacer visibles sus declaraciones patrimoniales, de renta y de conflicto de intereses. En términos prácticos, esa ley fue diseñada para que la ciudadanía pueda conocer si el patrimonio de un funcionario guarda coherencia con sus ingresos y con el cargo que ejerce o ejerció. El problema, en este caso, no es menor: cuando un exalcalde aparece bajo sospecha por ocultar información financiera, el debate deja de ser meramente administrativo y se convierte en una discusión sobre integridad pública y control institucional.
El caso de Tascón se inscribe en un patrón más amplio que Colombia conoce bien: el choque constante entre las normas de transparencia y la opacidad con la que algunos servidores intentan manejar su información personal y patrimonial. La Ley 2013 nació precisamente para cerrar espacios de discrecionalidad y permitir que el Estado, y también la ciudadanía, puedan verificar posibles inconsistencias. Por eso, cuando un órgano de control advierte una posible evasión de esas obligaciones, el mensaje va más allá del expediente individual. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema de vigilancia y la capacidad real de sancionar a quienes intentan esconder lo que deberían declarar. En municipios como Yotoco, donde la política local suele estar marcada por relaciones personales estrechas y una vigilancia ciudadana limitada, estos casos tienen un efecto directo sobre la percepción de legitimidad de las autoridades.
Más allá de la eventual responsabilidad disciplinaria de Jorge Tascón, el proceso vuelve a evidenciar una tensión que atraviesa la administración pública en Colombia: la distancia entre la ley escrita y su cumplimiento efectivo. La transparencia patrimonial no debería ser un trámite formal sino una herramienta de prevención contra la corrupción. Si la Procuraduría logra sustentar los cargos, el caso podría convertirse en una advertencia para otros exfuncionarios que siguen viendo sus cuentas como un asunto privado, cuando en realidad la ley exige todo lo contrario. Para la gente común, especialmente en regiones donde cada peso público cuenta, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: quién vigila a quienes administraron el poder y qué tan en serio se está tomando el Estado la obligación de rendir cuentas.
