Ley de competencias frena la entrada en vigor de la reforma al SGP
Imagen: El Tiempo - Política
La reforma al Sistema General de Participaciones sigue atada a una pieza clave: la ley de competencias. Sin ese proyecto, departamentos y municipios no podrán recibir los nuevos recursos que promete el cambio constitucional.
La reforma al Sistema General de Participaciones, una de las apuestas más ambiciosas para descentralizar recursos en Colombia, sigue en el aire por una razón concreta: todavía no se aprueba la ley de competencias que debe definir qué funciones asumirán departamentos y municipios a cambio de recibir más dinero. En la práctica, eso significa que el aumento de recursos para los territorios no puede aplicarse de inmediato, aunque la reforma ya haya avanzado en el plano político y constitucional.
Según informó El Tiempo - Política, la reforma del SGP solo entrará en vigencia cuando el Congreso apruebe ese proyecto complementario que reparte las nuevas responsabilidades entre las entidades territoriales. No se trata de un trámite menor ni de una formalidad técnica. La norma debe responder una pregunta decisiva: si las regiones van a manejar una porción mayor de los recursos públicos, entonces también tendrán que cargar con más competencias en salud, educación, agua potable, infraestructura o administración local. Esa arquitectura aún no está definida, y por eso la reforma permanece incompleta.
El punto es sensible porque Colombia arrastra desde hace décadas una tensión entre centralismo y autonomía territorial. Los gobiernos locales reclaman más recursos para resolver problemas urgentes en sus territorios, pero el Estado central teme abrir la llave sin reglas claras sobre ejecución y control. Esa discusión explica por qué la ley de competencias se volvió el verdadero cuello de botella del proceso. Sin ese marco, la reforma corre el riesgo de convertirse en una promesa sin aterrizaje real, o de trasladar plata a los territorios sin asegurar que tengan capacidad institucional para administrarla bien.
Lo que está en juego no es solo un ajuste técnico del presupuesto, sino la forma como el país distribuye poder y capacidad de respuesta. Para un alcalde de un municipio pequeño, más recursos podrían significar obras, puestos de salud o mejoras en acueducto; para una gobernación, podrían traducirse en mayor margen para intervenir en servicios básicos que hoy dependen de decisiones tomadas en Bogotá. Pero también hay una advertencia de fondo: si el Congreso demora la ley de competencias, la reforma del SGP seguirá siendo un anuncio de alto impacto político, pero con efectos reales postergados para millones de ciudadanos que esperan que la descentralización deje de ser discurso y empiece a sentirse en el territorio.
