Congreso mueve ficha contra la paz total y busca cerrar la puerta a beneficios políticos
Imagen: El Tiempo - Política
El representante Simón Molina, de Creemos, radicó un proyecto para desmontar la política de paz total de Gustavo Petro. La iniciativa busca impedir el tratamiento político a criminales y reactivar las órdenes de captura suspendidas en los procesos de negociación.
El Congreso vuelve a poner bajo fuego la política de paz total de Gustavo Petro. El representante a la Cámara Simón Molina, del partido Creemos, radicó un proyecto de ley que busca derogar ese andamiaje político y jurídico, con dos efectos de alto impacto: prohibir el tratamiento político a estructuras criminales y reactivar las órdenes de captura que han quedado suspendidas en el marco de los diálogos y acercamientos con grupos armados.
La apuesta de Molina no es menor. En la práctica, el texto apunta a desmontar uno de los pilares más controvertidos del actual gobierno en materia de seguridad y negociación, una estrategia que Petro defendió como un mecanismo para disminuir la violencia mediante conversaciones simultáneas con distintos actores armados. Desde la oposición, sin embargo, la lectura es otra: que la paz total terminó extendiendo beneficios políticos y procesales a organizaciones criminales sin garantías suficientes de resultados verificables para el Estado y para las víctimas.
Lo que está en juego va más allá de una disputa legislativa. Si el proyecto prospera, el Gobierno perdería una de sus principales herramientas para sostener los acercamientos con disidencias, estructuras narcotraficantes y otros grupos ilegales que han entrado en dinámicas de negociación. También se reabriría el debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la búsqueda de la paz sin cruzar la línea que separa la negociación política del trato con delincuencia organizada. En un país donde la violencia territorial sigue golpeando a comunidades rurales y urbanas, la discusión no es abstracta: define si el Estado insiste en hablar con todos sus adversarios armados o si vuelve a una lógica de persecución judicial más rígida.
El proyecto de Creemos llega, además, en un momento de desgaste para la paz total, marcada por resultados dispares, rupturas de diálogos y dudas crecientes sobre la capacidad del Ejecutivo para convertir la negociación en una reducción real de la violencia. Por eso, esta iniciativa puede convertirse en un termómetro del clima político que rodea a Petro en el Congreso y de la paciencia del país frente a una promesa que, para sus críticos, ha producido más incertidumbre que paz. La discusión que se abre no solo es jurídica: también mide si Colombia está dispuesta a seguir apostando por salidas negociadas o si está entrando en una etapa de desmonte de esa estrategia antes de que termine el actual gobierno.
