Reconstrucción por terremoto quedó marcada por contratación directa
Imagen: El Tiempo - Política
Un informe de Transparencia por Colombia reveló que 630 de los 768 contratos para la reconstrucción tras el terremoto se adjudicaron por contratación directa, la mayoría desde entidades territoriales. El hallazgo reabre el debate sobre control, trazabilidad y uso de recursos públicos en emergencias.
La reconstrucción posterior al terremoto avanzó bajo un esquema de contratación marcado por la excepción: 630 de los 768 contratos analizados por Transparencia por Colombia se tramitaron por contratación directa, equivalente al 82% del total. El dato, incluido en el segundo informe de la organización, apunta a que la mayor parte de esos procesos salió desde el orden territorial, donde suele concentrarse la ejecución inmediata de recursos en medio de la urgencia, pero también donde crecen los riesgos de opacidad y menor competencia.
Según el reporte divulgado a partir de la revisión de esos contratos, el problema no se limita a una cifra alta de adjudicaciones sin concurso. Lo más preocupante es el margen reducido para que la ciudadanía, los órganos de control y los veedores públicos puedan seguir la pista de cada peso comprometido en la reconstrucción. Transparencia por Colombia hizo un llamado al Gobierno para que refuerce los mecanismos de transparencia, mejore la trazabilidad contractual y garantice un seguimiento público más riguroso sobre la ejecución de estos recursos.
El hallazgo toca una fibra sensible en Colombia: cada vez que el Estado recurre de forma masiva a la contratación directa en medio de una emergencia, la justificación técnica puede ser válida, pero el costo institucional es alto si no hay controles robustos. En contextos de desastre, la velocidad importa; sin embargo, la experiencia muestra que la rapidez sin vigilancia termina facilitando sobrecostos, demoras, obras inconclusas o asignaciones cuestionables. Por eso este informe no solo documenta un patrón administrativo, sino que pone sobre la mesa una advertencia que ya ha acompañado otras reconstrucciones en el país: cuando la excepción se vuelve regla, la rendición de cuentas se debilita.
El llamado de Transparencia por Colombia llega en un momento en que la opinión pública exige resultados visibles y, sobre todo, verificables. Si la reconstrucción pretende recuperar confianza, el Gobierno y las entidades territoriales tendrán que demostrar no solo que contrataron rápido, sino que lo hicieron con información abierta, criterios claros y capacidad real de control. De lo contrario, el costo político y social de la reconstrucción podría ser tan grande como el daño que dejó el terremoto.
