Presupuesto 2027: recorte de $170.000 millones pone en jaque a la JEP
Imagen: infobae colombia
La JEP quedó en el centro de una nueva pulseta presupuestal tras la aprobación en primer debate de un recorte por $170.000 millones para 2027. La advertencia más dura vino del magistrado Raúl Sánchez, quien aseguró que la medida podría llevar a la jurisdicción a una situación de quiebra operativa.
La Jurisdicción Especial para la Paz recibió un golpe serio en medio de la discusión del Presupuesto 2027: en primer debate fue aprobado un recorte de $170.000 millones, una reducción que combina $30.000 millones en gastos de funcionamiento y $140.000 millones en inversión. La decisión, según informó infobae colombia, encendió las alarmas dentro de la entidad, donde el magistrado Raúl Sánchez advirtió que la medida compromete la capacidad real de la JEP para sostener su operación y cumplir con su mandato judicial.
El tamaño del ajuste no es menor. En una jurisdicción que aún procesa miles de actuaciones, audiencias, verificación de aportes y medidas de justicia transicional, una tijera de este calibre no solo toca contratos, tecnología o infraestructura: también afecta tiempos, cargas de trabajo y la posibilidad de responder con eficacia a víctimas, comparecientes y comunidades. De acuerdo con lo expuesto por Sánchez, el recorte no puede leerse como un simple movimiento administrativo, sino como una señal de asfixia presupuestal que terminaría erosionando el funcionamiento diario de la institución.
El debate de fondo es político y judicial a la vez. La JEP sigue siendo una de las piezas más sensibles del sistema de justicia transicional nacido del acuerdo de paz, y cada discusión sobre su financiación reabre la pregunta sobre el respaldo real del Estado a ese modelo. Reducirle recursos a una entidad que todavía no ha cerrado sus principales casos tiene implicaciones que van más allá del organigrama: afecta la credibilidad del proceso, la capacidad de investigar a fondo crímenes graves y la respuesta institucional a miles de víctimas que llevan años esperando decisiones. En términos prácticos, el recorte puede traducirse en menos personal, menos inversión tecnológica y menos margen para sostener el ritmo de trabajo que exige un tribunal de esta magnitud.
Lo que viene ahora será clave. Si el presupuesto avanza con esa cifra, la JEP tendrá que hacer más con menos en un momento en que todavía requiere músculo financiero para consolidar sus decisiones más sensibles. Y si la advertencia de sus magistrados no logra mover la discusión en las siguientes instancias, el mensaje para el país será incómodo: mientras la paz sigue siendo una promesa en construcción, el Estado podría estar debilitando justamente una de las instituciones llamadas a garantizarla.
