Congresista de Risaralda pide al Gobierno alivios fiscales tras el terremoto
Imagen: El Tiempo - Política
Un congresista de Risaralda pidió al Gobierno alivios tributarios urgentes para las zonas golpeadas por el terremoto, con el fin de acelerar la reconstrucción y bajar la presión sobre hogares y negocios. La propuesta incluye eximir del IVA los materiales de construcción y suspender peajes en los corredores afectados.
La emergencia que dejó el terremoto en Risaralda ya comenzó a traducirse en presión política sobre el Gobierno nacional. Desde el Congreso, un representante del departamento pidió activar nuevos alivios tributarios para las zonas más afectadas, con una apuesta concreta: reducir el costo de reconstruir, mover materiales y reactivar la economía local en medio de una devastación que, como suele ocurrir después de un sismo, golpea primero a las familias y después a los pequeños comercios.
Entre las medidas que puso sobre la mesa está la exención del IVA para los materiales de construcción destinados a la recuperación de viviendas, infraestructura y negocios dañados. A eso sumó la solicitud de suspender temporalmente el cobro de peajes en los corredores que conectan las zonas impactadas, una decisión que aliviaría el transporte de ayuda, maquinaria y suministros, y que también reduciría los costos para campesinos, transportadores y comerciantes que dependen de esas vías para sostener su actividad diaria. En términos prácticos, la propuesta busca que la reconstrucción no se convierta en una carga fiscal adicional para una región que ya enfrenta el golpe económico de la tragedia.
La discusión no es menor. Después de una catástrofe natural, el problema no termina con la atención de la emergencia: empieza una segunda fase, la de la recuperación, y ahí es donde los tributos pueden acelerar o frenar el proceso. En Colombia, los alivios fiscales para zonas de desastre han sido una herramienta recurrente cuando el Estado intenta responder a eventos que desbordan la capacidad local. Lo que está sobre la mesa en Risaralda refleja esa lógica: si reconstruir una casa, una escuela o un puente implica pagar impuestos sobre insumos básicos y asumir peajes en rutas afectadas, la recuperación se encarece y se alarga. Para la población, eso significa más tiempo viviendo entre escombros, alquileres improvisados y negocios cerrados; para el Gobierno, la decisión será una prueba de rapidez y sensibilidad frente a una emergencia que exige más que anuncios.
El punto de fondo es si el Ejecutivo está dispuesto a traducir la solidaridad institucional en medidas concretas y temporales que realmente alivien a la gente. En un departamento como Risaralda, donde la economía de muchos municipios depende de la movilidad regional, cada día sin decisiones claras puede costar empleo, ingresos y confianza. Por eso, este llamado desde el Congreso no solo pone sobre la mesa un paquete de beneficios fiscales: también mide la capacidad del Estado para responder a tiempo cuando un desastre natural deja a una región entera esperando algo más que promesas de reconstrucción.
