Roberto Sánchez avala protestas poselectorales y reabre el fantasma del 2000

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se alineó con las movilizaciones que han surgido en torno a los resultados de las elecciones y dejó claro que, a su juicio, la calle también forma parte del juego democrático. Según informó depor, el político sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a expresarse cuando considera que hay dudas sobre el proceso y remarcó que ve como legítimo que la gente se movilice. En un clima de alta sensibilidad política, ese respaldo no es menor: implica poner el peso de la discusión no solo sobre el escrutinio, sino también sobre la credibilidad de quienes interpretan y validan el desenlace electoral.

El candidato fue más allá y apuntó contra Alfredo Torres, gerente de Ipsos, al comparar su cambio de opinión con el proceso electoral del año 2000, cuando Alberto Fujimori terminó imponiéndose en medio de una de las etapas más cuestionadas de la historia política reciente del Perú. La referencia no es casual. Al traer a colación ese episodio, Sánchez busca instalar la idea de que el debate actual no se reduce a cifras o encuestas, sino a la confianza en los actores que rodean la contienda: encuestadoras, analistas, medios y autoridades. En otras palabras, el mensaje es que no solo se discute quién gana, sino también quién construye el relato de la victoria.

La comparación con el 2000 carga de simbolismo su postura, porque ese proceso quedó grabado en la memoria peruana como un momento de fuerte desgaste institucional y de sospechas sobre la limpieza del sistema político. Cuando un dirigente recurre a ese antecedente, no solo intenta reforzar su crítica del presente; también activa un recuerdo colectivo que suele amplificar la desconfianza. Eso puede darle combustible a las protestas, pero también profundizar la polarización si no hay evidencias claras que sostengan las denuncias. Para la ciudadanía, especialmente para quienes viven lejos de Lima y dependen de decisiones políticas que impactan en empleo, precios y estabilidad, la consecuencia inmediata es más incertidumbre sobre el rumbo del país.

En el fondo, lo que deja esta declaración es una señal de la fragilidad con la que todavía se leen los procesos electorales en el Perú. Sánchez presenta las movilizaciones como una expresión legítima en democracia, pero su discurso también confirma que la disputa ya no es solo por los votos, sino por la narrativa que los acompaña. Y cuando la confianza en esa narrativa se erosiona, cada elección corre el riesgo de convertirse en una nueva batalla por la legitimidad, con la calle como escenario y la memoria del pasado como arma política.