Lara radicaría estatuto antiterrorista y descarta paz con grupos criminales
Imagen: El Tiempo - Política
Rodrigo Lara dijo que el estatuto antiterrorista sería radicado la próxima semana y que no habrá procesos de paz con grupos criminales. La propuesta busca endurecer la respuesta del Estado, incluyendo bombardeos contra organizaciones terroristas y medidas para frenar asonadas contra la Fuerza Pública.
Rodrigo Lara anunció que el estatuto antiterrorista sería radicado la próxima semana y dejó claro que no contempla abrir procesos de paz con grupos criminales. La iniciativa, según explicó en el marco político reseñado por El Tiempo - Política, apunta a endurecer las herramientas del Estado frente a organizaciones armadas y a recuperar capacidad operativa en zonas donde la Fuerza Pública enfrenta bloqueos, hostigamientos y asonadas.
De acuerdo con la información conocida, la propuesta incluye autorizar bombardeos contra grupos catalogados como terroristas, una medida que reaviva uno de los debates más sensibles en Colombia: hasta dónde puede llegar el Estado en el uso de la fuerza cuando enfrenta estructuras que combinan narcotráfico, control territorial y violencia contra la población. Lara también marcó distancia frente a cualquier escenario de negociación política con estas organizaciones, lo que sugiere una línea de mano dura sin concesiones en medio de la persistencia de la inseguridad en varias regiones del país.
El anuncio llega en un momento en que el país sigue discutiendo el alcance de la política de seguridad y el equilibrio entre seguridad, derecho internacional humanitario y resultados concretos sobre el terreno. Las asonadas, que en la práctica terminan impidiendo capturas, incautaciones o destrucción de infraestructura ilegal, se han convertido en una herramienta de presión de los grupos armados sobre comunidades rurales y tropas. Por eso, el proyecto no solo tiene un componente jurídico y militar: también revela la frustración del Estado frente a una violencia que se adapta más rápido que la respuesta institucional.
Si el estatuto avanza, el debate no será menor en el Congreso ni en la opinión pública. Sus defensores dirán que Colombia necesita reglas más duras para enfrentar estructuras que no buscan negociar sino imponer control armado; sus críticos advertirán riesgos de abusos, escalamiento del conflicto y choques con estándares internacionales. En el fondo, la discusión vuelve a una pregunta que Colombia no ha resuelto del todo: cómo recuperar territorio y autoridad sin repetir errores del pasado ni seguir entregando ventaja a quienes viven de la guerra.
