Rodrigo Lara fija límites al Congreso: no dará el ICBF ni el Sena como cuotas
Imagen: infobae colombia
Rodrigo Lara anunció que su manejo del Ministerio del Interior estará marcado por la transparencia y por el rechazo a repartir entidades como el ICBF y el Sena entre cuotas políticas. La señal es clara: el Gobierno quiere negociar en el Congreso sin ceder el control de instituciones clave.
Rodrigo Lara puso una línea roja antes de asumir el pulso político con el Congreso: no entregará el ICBF ni el Sena como moneda de cambio para conseguir apoyos legislativos. El designado ministro del Interior aseguró que su estrategia se apoyará en la transparencia, en mecanismos de supervisión y en una relación con el Legislativo que, según su planteamiento, no pase por la repartija burocrática que históricamente ha contaminado la política colombiana.
La definición llega en un momento en que el Gobierno necesita construir mayorías para sacar adelante sus iniciativas y, al mismo tiempo, responder a una ciudadanía cada vez más desconfiada de los acuerdos entre élites políticas. De acuerdo con lo informado por infobae colombia, Lara insistió en que los proyectos impulsados desde el Ejecutivo estarán sometidos a control y vigilancia, una forma de marcar distancia frente a prácticas tradicionales de negociación que suelen traducirse en cuotas, cargos y favores. En otras palabras, busca enviar el mensaje de que habrá diálogo con el Congreso, pero no a cualquier precio.
Lo que está en juego va más allá de una discusión interna de gabinete. El ICBF y el Sena son dos de las instituciones más sensibles para la vida cotidiana de millones de colombianos: la primera por su papel en la protección de la niñez y las familias, y la segunda por su peso en la formación para el trabajo y la movilidad social. Por eso, cuando un ministro dice que no las pondrá sobre la mesa para contentar a los llamados politiqueros, el debate toca una herida de fondo del Estado colombiano: la captura de entidades públicas por intereses partidistas. Si esa promesa se cumple, el Gobierno podría intentar un modelo de negociación menos transaccional; si no, terminará enfrentando el mismo desgaste que han sufrido otras administraciones cuando prometieron romper con la vieja política y acabaron atrapadas en ella.
La prueba real no estará en el discurso sino en la práctica legislativa de las próximas semanas. Allí se verá si el Ejecutivo logra traducir su promesa de transparencia en una coalición con reglas claras o si la necesidad de gobernabilidad lo empuja, otra vez, a ceder espacios sensibles. Para la opinión pública, el asunto importa porque de esa definición depende no solo la suerte de un paquete de reformas, sino la credibilidad de un Gobierno que dice querer cambiar la manera de hacer política en Colombia.
