Londoño vuelve al país y la JEP intenta cerrar la polémica por su viaje a España
Imagen: El Tiempo - Política
Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC, dejó en claro ante la JEP que ya volvió a Colombia, en medio de la controversia que generó su viaje a España. La precisión busca cerrar el ruido político que incluso llevó a Gustavo Petro a hablar de llevarlo a la cárcel.
Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC y hoy líder del partido Comunes, dejó constancia ante la Jurisdicción Especial para la Paz de que ya se encuentra de regreso en Colombia, una aclaración que busca desactivar la tormenta política que se desató por su viaje a España. La confirmación no es menor: su salida del país había encendido críticas, cuestionamientos sobre sus obligaciones ante la justicia transicional y hasta una declaración del entonces presidente electo Gustavo Petro, quien llegó a hablar de llevarlo a la cárcel.
El episodio expone, una vez más, la fragilidad del debate público en torno al proceso de paz y a la implementación de la justicia para el conflicto armado. De acuerdo con lo informado por El Tiempo - Política, la polémica no solo giró alrededor de la legalidad del desplazamiento internacional de Londoño, sino también sobre el mensaje político que transmitía su ausencia en un momento de alta sensibilidad para las víctimas, los excombatientes y el país que aún discute cómo cerrar, sin impunidad y sin revancha, una de las guerras internas más largas de América Latina.
En el fondo, lo ocurrido revela que cualquier movimiento de quienes firmaron el acuerdo de paz sigue siendo leído en clave de sospecha o de cálculo electoral. Para la JEP, la certificación de regreso ayuda a ordenar el expediente político y judicial; para el Gobierno y para la oposición, en cambio, el asunto funciona como combustible narrativo en una conversación donde todavía pesan más los símbolos que los procedimientos. Y eso tiene consecuencias concretas: cuando el debate se reduce al escándalo, se pierde de vista lo central, que es garantizar que quienes dejaron las armas cumplan sus compromisos, que las víctimas reciban verdad y reparación, y que el Estado no convierta cada trámite de la paz en una nueva batalla partidista.
La controversia alrededor de Londoño también deja una lección incómoda para Colombia: la paz no se administra solo con firmas, sino con confianza institucional. Cada desplazamiento, cada comparecencia y cada decisión de los exjefes guerrilleros puede convertirse en crisis si el sistema no comunica con claridad y si la política prefiere el golpe de opinión al rigor jurídico. En un país todavía atravesado por la desconfianza, eso basta para que una salida temporal al exterior termine pareciendo un problema de Estado.
