Colombia prohíbe la mutilación genital femenina y ordena una política pública para erradicarla
Imagen: infobae colombia
Colombia dio un paso histórico al sancionar la Ley 2609 de 2026, que prohíbe la mutilación genital femenina y obliga al Estado a diseñar una política pública con enfoque étnico e indígena. La norma también crea un día nacional para impulsar su erradicación.
Colombia dio un paso decisivo contra una práctica que durante años ha permanecido en silencio: la sanción de la Ley 2609 de 2026, que prohíbe la mutilación genital femenina y obliga al Estado a poner en marcha medidas concretas para erradicarla. La norma no solo establece una prohibición formal, sino que reconoce que este fenómeno persiste en algunos territorios y comunidades, por lo que exige una respuesta institucional con enfoque diferencial y participación de los grupos más afectados.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la ley ordena la formulación de una política pública construida directamente por grupos étnicos e indígenas en los que aún se registra esta práctica. Ese punto es clave: el Congreso y el Gobierno no están planteando una intervención impuesta desde Bogotá, sino una estrategia que debe nacer del diálogo con las comunidades, respetando sus dinámicas sociales y culturales, pero dejando claro que ninguna tradición puede justificar la violencia contra niñas y mujeres. Además, la nueva norma instituyó un día especial en el país para conmemorar la erradicación de la ablación, una decisión que busca mantener el tema en la agenda pública y evitar que vuelva a quedar enterrado en la incomodidad o el desconocimiento.
La importancia de esta ley va mucho más allá de una declaración simbólica. En Colombia, hablar de mutilación genital femenina implica entrar en una discusión compleja sobre derechos humanos, autonomía corporal, protección de la niñez y relación del Estado con comunidades indígenas. El desafío no será únicamente jurídico, sino político, social y cultural: cómo prevenir, cómo acompañar a las familias, cómo proteger a las menores en riesgo y cómo construir confianza en territorios donde históricamente el Estado ha llegado tarde o con poca legitimidad. La eficacia de la norma dependerá de si la política pública logra combinar prevención, educación, atención en salud y protección real, sin caer en medidas cosméticas o en campañas aisladas que no alteren la práctica de fondo.
En la práctica, esta sanción envía un mensaje fuerte: Colombia reconoce que la erradicación de la mutilación genital femenina no se resuelve con silencios ni con discursos genéricos, sino con presencia estatal sostenida y con trabajo directo en las comunidades donde el problema existe. También deja una tarea pendiente enorme: convertir la ley en resultados medibles. Porque una cosa es prohibir una práctica en el papel y otra muy distinta es lograr que ninguna niña más sea sometida a ella. Ahí estará la verdadera prueba para el Gobierno, para las autoridades locales y para las organizaciones sociales que llevan años advirtiendo que la protección de la infancia no admite excepciones culturales.
