Petro y el Pacto Histórico chocan por votación sobre Uribe en la Comisión de Acusación
Imagen: El Tiempo - Política
El pulso interno del Pacto Histórico quedó expuesto tras una votación en la Comisión de Acusación sobre el caso Uribe y las masacres. El episodio abrió una duda política mayor: ¿hubo descoordinación o un mensaje calculado desde la Casa de Nariño?
La Comisión de Acusación de la Cámara terminó convertida en un nuevo foco de tensión para el Pacto Histórico después de que sus integrantes en esa célula legislativa votaran a favor de que la Fiscalía traslade una investigación contra Álvaro Uribe por presuntas masacres. Lo que en principio parecía una decisión de trámite parlamentario escaló rápidamente a una controversia política de mayor alcance, alimentada por el trino del presidente Gustavo Petro, que dejó en el aire una pregunta incómoda sobre la conducta de sus propios aliados: si actuaron por descuido o si obedecieron una línea distinta a la que esperaba el Gobierno.
De acuerdo con lo divulgado por El Tiempo - Política, los congresistas del Pacto que hacen parte de la Comisión respaldaron la movida para que el ente acusador asuma el expediente relacionado con el expresidente, en un tema que vuelve a tocar una de las heridas más sensibles de la política colombiana: la discusión sobre la responsabilidad de Uribe en hechos de violencia asociados al conflicto armado. En un país donde el apellido Uribe sigue siendo una frontera política, cualquier decisión sobre su entorno judicial deja de ser un asunto técnico y pasa de inmediato al terreno de la disputa narrativa, especialmente cuando involucra a bancadas que han hecho de la confrontación con el uribismo una bandera de identidad.
La reacción de Petro no es menor porque exhibe algo más profundo que una simple molestia por una votación. En la superficie, el episodio muestra desorden dentro de la bancada oficialista; en el fondo, revela las dificultades del Pacto Histórico para actuar con disciplina en escenarios institucionales donde convergen cálculo jurídico, lealtades políticas y mensajes públicos. Si la decisión fue inconsulta, el Gobierno queda expuesto a una fractura de coordinación que lo debilita en el Congreso; si fue deliberada, entonces la incomodidad presidencial sugiere una distancia real entre el centro de mando y algunos de sus aliados legislativos. En ambos casos, la consecuencia es la misma: la coalición gobernante sigue mostrando fisuras en los momentos en que más necesita cohesión.
Este episodio también importa porque la Comisión de Acusación, aunque suele ser vista como una instancia de baja credibilidad por su historial de decisiones lentas y altamente politizadas, sigue siendo una caja de resonancia de las guerras más duras del país. Lo que allí se vote no solo afecta el curso de un expediente judicial; también puede reordenar alianzas, tensar la relación entre el Ejecutivo y su coalición, y reactivar la polarización alrededor de Uribe justo cuando Colombia sigue sin resolver de fondo la discusión entre justicia, memoria y poder. Para la ciudadanía, el mensaje es claro: en un Congreso atravesado por cálculos partidistas, incluso una votación aparentemente procedural puede convertirse en una batalla por el control del relato político.
