Denuncian contrato de logística de $2.900 millones con precios cuestionados en Bogotá
Imagen: infobae colombia
Una denuncia de la concejal Diana Diago puso bajo la lupa un contrato de logística de la Secretaría de Integración Social de Bogotá por $2.900 millones. Entre los ítems cuestionados aparecen almuerzos por más de $100.000 y desayunos con tamal de $63.000.
Un contrato de logística por $2.900 millones firmado por la Secretaría de Integración Social de Bogotá quedó en el centro de la discusión pública luego de que la concejal Diana Diago difundiera en redes sociales apartes del proceso contractual y un listado de precios que, según ella, evidencia costos excesivos en alimentos y servicios. Entre los ejemplos que más ruido generaron están almuerzos por encima de los $100.000 y desayunos con tamal que, de acuerdo con lo divulgado, costarían $63.000 por persona.
La controversia no se quedó en una simple crítica política. Diago publicó imágenes y fragmentos del contrato, así como mensajes de WhatsApp que harían parte del intercambio alrededor de la contratación, con el objetivo de cuestionar la manera en que se estructuraron los valores incluidos en el paquete de logística. La denuncia abrió interrogantes sobre la razonabilidad de esos precios, el tipo de eventos o actividades que cubriría el contrato y los criterios usados por la entidad para justificar ese gasto con recursos públicos.
El caso importa por una razón de fondo: la contratación pública en Bogotá sigue siendo uno de los puntos más sensibles del debate sobre transparencia y austeridad. Cuando aparecen cifras que para cualquier ciudadano resultan desproporcionadas, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un asunto de confianza institucional. En una ciudad donde miles de personas dependen de programas sociales y donde la presión fiscal es permanente, cualquier contrato con valores llamativos termina bajo escrutinio político y ciudadano. Además, este tipo de denuncias suele activar preguntas sobre los estudios previos, los supervisores del contrato y los controles internos que debieron evitar que una tabla de precios así pasara sin reparos.
Por ahora, la controversia está centrada en lo que divulgó la concejal y en la lectura que hagan las autoridades sobre esos documentos. Si la Secretaría de Integración Social decide responder, tendrá que explicar no solo el objeto del contrato, sino también por qué sus costos lucen tan altos frente al estándar esperado en una entidad pública. En Bogotá, donde la pelea por la transparencia ya es parte del paisaje político, este episodio vuelve a mostrar que un contrato puede convertirse en símbolo de cómo se administra —o se desconfía— el dinero de todos.
