Oposición demanda decreto sobre protesta social del gobierno de Abelardo De La Espriella
Imagen: El Tiempo - Política
Sectores de oposición acudieron a los tribunales para frenar el decreto del gobierno de Abelardo De La Espriella con nuevas reglas sobre la protesta social. Alegan que la medida salió sin suficiente discusión y que ese tipo de regulación debería pasar por el Congreso.
Sectores de oposición presentaron una demanda contra el decreto con el que el gobierno de Abelardo De La Espriella intentó fijar nuevas disposiciones para la protesta social, una decisión que volvió a poner sobre la mesa los límites del Ejecutivo para regular un derecho de alta sensibilidad democrática. Según informó El Tiempo - Política, los demandantes sostienen que el texto fue expedido con poco margen para su adopción y que, por su alcance, no puede imponerse mediante decreto.
La crítica central no es solo de forma, sino de fondo: los opositores consideran que la protesta no puede ser reglamentada al vaivén de una decisión administrativa, sino a través de un debate legislativo amplio que permita escuchar a organizaciones sociales, juristas y sectores afectados. En su lectura, el Gobierno se habría saltado un trámite que resulta esencial cuando se trata de derechos constitucionales, especialmente uno tan conflictivo y a la vez tan protegido como la movilización ciudadana.
El caso no es menor. En Colombia, cada intento por ordenar la protesta ha terminado en una discusión más amplia sobre seguridad, control del orden público y garantías democráticas. Por eso, la demanda no solo cuestiona el contenido del decreto, sino el mensaje político que envía: que el Ejecutivo puede redefinir por vía reglamentaria las condiciones de una manifestación social que históricamente ha sido terreno de choque entre autoridades y ciudadanía. Si los tribunales acogen los argumentos de la oposición, el Gobierno quedará obligado a revisar su estrategia y a buscar otro camino institucional para sostener la medida.
De fondo, lo que está en juego es quién fija las reglas de una protesta en un país donde movilizarse ha sido, al mismo tiempo, una expresión de participación y un foco permanente de tensión. Para la ciudadanía, el resultado de esta batalla jurídica puede marcar la diferencia entre un marco más restrictivo sobre la calle y una defensa más sólida del derecho a manifestarse sin que el Ejecutivo convierta un decreto en sustituto del debate democrático.
