Centro Democrático empuja recorte del 50% al presupuesto de la JEP
Imagen: El Tiempo - Política
Sectores del Centro Democrático presionan para que el recorte al presupuesto de la JEP sea mucho más drástico y supere los 100.000 millones propuestos por Salvación Nacional. La senadora María Clara Posada pidió que la reducción alcance al menos el 50 por ciento.
La disputa por el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz volvió a encenderse en el Congreso, esta vez con sectores del Centro Democrático empujando un recorte mucho más severo del que ya había puesto sobre la mesa Salvación Nacional. La senadora María Clara Posada se sumó a esa presión política y planteó que la reducción debería ser de al menos el 50 por ciento, una señal de que la discusión dejó de ser técnica y pasó de lleno al terreno ideológico.
Según informó El Tiempo - Política, la propuesta de Salvación Nacional ya contemplaba una disminución superior a los 100.000 millones de pesos, pero para este sector del uribismo esa cifra no resulta suficiente. La postura de Posada refleja una lectura más dura frente a la JEP, una institución creada en el marco del acuerdo de paz con las FARC y que desde su nacimiento ha sido blanco de críticas desde la derecha política, especialmente por su costo fiscal, su alcance judicial y el papel que ha jugado en la investigación de crímenes del conflicto armado.
Lo que está en juego no es solo una cifra dentro del presupuesto nacional. El debate toca una fibra más profunda: qué tanto respaldo político sigue teniendo la justicia transicional en Colombia y hasta dónde está dispuesto el Congreso a recortar recursos a una entidad que, aunque cuestionada por sus detractores, sigue siendo una pieza central del cierre jurídico del conflicto. Un recorte del 50 por ciento tendría efectos concretos sobre su capacidad operativa, sus equipos de investigación y la velocidad con la que avanza en casos sensibles, lo que abriría una nueva pelea entre quienes ven a la JEP como un gasto excesivo y quienes la consideran indispensable para cumplir con los compromisos de paz.
La discusión también revela el pulso interno de la oposición de derecha, que intenta marcar distancia frente al Gobierno y capitalizar el malestar de un sector del país con las instituciones surgidas del acuerdo. En términos prácticos, cualquier reducción de esta magnitud no solo impactaría las finanzas de la JEP, sino que enviaría un mensaje político sobre el rumbo de la implementación de la paz en Colombia. Y ese mensaje, en un país donde la memoria del conflicto sigue abierta, pesa tanto como el número que finalmente apruebe el Congreso.
