Contraloría de Bogotá abre indagación por contrato de la gramilla de El Campín
Imagen: infobae colombia
La Contraloría de Bogotá abrió una indagación para revisar si el contrato de la gramilla de El Campín ha comprometido recursos públicos o afectado el patrimonio distrital. La pesquisa pone bajo presión a Sencia, el concesionario señalado en medio de la polémica por el estado del terreno de juego.
La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar sobre el contrato relacionado con la gramilla de El Campín y puso bajo la lupa el cumplimiento de las obligaciones de Sencia con el Distrito. El organismo de control quiere determinar si la ejecución del vínculo ha derivado en posibles afectaciones a los intereses patrimoniales de la ciudad, en un caso que ya había encendido críticas por el manejo del escenario deportivo más visible de la capital.
Según informó infobae colombia, la actuación del ente de control busca establecer qué pasó con el contrato y si hubo fallas en su cumplimiento, especialmente en lo que tiene que ver con la administración y el mantenimiento de la cancha. La apertura de la indagación no significa aún una sanción, pero sí marca un giro importante en la controversia: ahora el debate no se limita a la calidad de la gramilla o a las quejas de aficionados y sectores deportivos, sino que entra de lleno en el terreno fiscal y administrativo.
El caso importa porque El Campín no es cualquier estadio. Allí convergen intereses públicos, privados y deportivos, y cualquier problema contractual puede terminar afectando la programación de partidos, conciertos y la operación de uno de los escenarios más sensibles para la ciudad. Cuando una concesión de este tipo entra en revisión, lo que está en juego no es solo el estado de la cancha, sino la confianza en la manera como Bogotá vigila sus alianzas con operadores privados y protege el dinero público. Si la Contraloría encuentra irregularidades, el asunto podría escalar a nuevas actuaciones y presiones sobre el concesionario. Si no las encuentra, el proceso igual dejará una radiografía incómoda sobre la gestión del estadio y la necesidad de mayor transparencia en contratos que tocan servicios visibles para miles de ciudadanos.
