Gobierno da por enterrados dos diálogos de la paz total y endurece su giro de seguridad
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno dio por terminados los diálogos con Comuneros del Sur y con las bandas de Medellín, sellando otro retroceso en la llamada paz total. Las nuevas resoluciones firmadas por el presidente Abelardo De La Espriella confirman el cierre formal de ambos procesos.
El Gobierno cerró formalmente los diálogos con Comuneros del Sur y con las bandas de Medellín, un movimiento que profundiza el desmonte de la llamada paz total y deja en evidencia el desgaste de esa estrategia de negociación. El presidente Abelardo De La Espriella firmó dos resoluciones nuevas que ponen punto final a ambos procesos, en una decisión que reordena el tablero de seguridad y envía una señal clara: el Ejecutivo está desmontando los canales que había abierto para intentar desactivar estructuras armadas y criminales mediante conversaciones políticas o sociojurídicas.
De acuerdo con la información conocida por El Tiempo - Política, las resoluciones tienen efecto formal inmediato y certifican que ya no hay mesa ni interlocución activa con esos dos grupos. En términos prácticos, esto significa que el Gobierno deja de apostar por una salida negociada con organizaciones que, en distintos momentos, habían sido parte del esquema de diálogo impulsado desde la Casa de Nariño. El cierre no es un gesto menor: altera los compromisos institucionales, corta expectativas sobre eventuales beneficios jurídicos y, sobre todo, reconoce que la estrategia no produjo los resultados esperados en materia de reducción de violencia y sometimiento.
El caso de Comuneros del Sur y el de las bandas de Medellín ilustran uno de los problemas centrales de la paz total: la dificultad para distinguir entre actores con capacidad real de negociación y grupos cuya lógica sigue atada al control territorial, las rentas ilegales y la fragmentación interna. En el papel, la política buscaba abrir puertas para desescalar el conflicto y ganar tiempo institucional; en la práctica, terminó enfrentando una mezcla de desconfianza, incumplimientos, presiones armadas y límites jurídicos. Por eso importa este cierre: no solo marca una derrota para una bandera del Gobierno, sino que también impacta la seguridad en regiones donde la población civil es la primera en pagar el costo cuando se rompen los puentes o cuando los grupos ilegales recalculan su poder frente al Estado.
Lo que viene ahora es aún más delicado. Con estos procesos archivados, el Gobierno queda obligado a mostrar qué alternativa concreta tendrá para evitar que el vacío se traduzca en más violencia, más extorsión y más control territorial por parte de los mismos actores a los que antes buscó sentar en una mesa. Para las comunidades afectadas, la pregunta ya no es si habrá diálogo, sino si el Estado será capaz de recuperar presencia real en territorios donde la negociación se agotó y la autoridad sigue en disputa.
