Uribe cuestiona citación por El Aro y La Granja: “me llaman sin pruebas”
Imagen: El Tiempo - Política
Álvaro Uribe cuestionó la citación de la Fiscalía por los casos de El Aro y La Granja y aseguró que lo llaman a indagatoria sin pruebas. El episodio reabre una vieja herida judicial y política en Antioquia, con efectos directos sobre víctimas, justicia y la figura del expresidente.
Álvaro Uribe volvió a poner bajo los reflectores uno de los expedientes más sensibles de su trayectoria política: el de las masacres de El Aro y La Granja. En diálogo con EL TIEMPO, el expresidente reaccionó a la citación de la Fiscalía y sostuvo que lo están llamando a indagatoria “sin pruebas”, una frase que resume tanto su estrategia de defensa como el choque político que rodea este caso desde hace años. La decisión revive un proceso que no solo tiene implicaciones judiciales para el exmandatario, sino que también reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado en crímenes cometidos en una de las etapas más violentas del conflicto armado en Antioquia.
Según informó EL TIEMPO - Política, la Fiscalía citó a Uribe en el marco de las investigaciones por las dos masacres, hechos ocurridos en contextos distintos pero conectados por una misma pregunta de fondo: qué hicieron, o dejaron de hacer, las autoridades de la época frente a la expansión de la violencia paramilitar en la región. Uribe, que ha enfrentado múltiples frentes judiciales en los últimos años, insiste en que el proceso carece de sustento probatorio. Esa defensa no es menor: en su caso, cada actuación de la Fiscalía tiene una carga política enorme porque toca al dirigente más influyente de la derecha colombiana en las últimas dos décadas y porque cualquier avance o retroceso será leído en clave de confrontación entre sus partidarios y sus críticos.
El caso importa por algo más profundo que la controversia del momento. Las masacres de El Aro y La Granja son parte de la memoria más dolorosa de Antioquia y del país, símbolos de una época en la que la población civil quedó atrapada entre guerrillas, paramilitares y omisiones institucionales. Por eso, cuando la justicia llama a declarar a figuras de alto perfil, la discusión deja de ser solamente jurídica y se convierte en una prueba sobre la capacidad del Estado para investigar crímenes de larga data, incluso cuando involucran a expresidentes. Para las víctimas, cada nueva citación puede leerse como una oportunidad para acercarse a la verdad; para Uribe, es otro frente en una batalla por su legado y por su narrativa histórica.
Lo que ocurra ahora será seguido con lupa no solo en los tribunales, sino también en el escenario político. Si la Fiscalía logra sostener su tesis con elementos sólidos, el caso puede profundizar el escrutinio sobre decisiones tomadas durante los años más duros del conflicto. Si, por el contrario, la investigación se diluye, Uribe encontrará argumentos para reforzar su denuncia de persecución judicial. En cualquiera de los dos caminos, el expediente confirma algo que en Colombia sigue siendo una constante incómoda: la justicia tarda, pero la memoria de las víctimas nunca deja de pedir cuentas.
