Rego planta cara al discurso ultra y exige acelerar el traslado de menores migrantes
Imagen: El País
Sira Rego convirtió su comparecencia en el Congreso en una respuesta frontal al discurso ultra sobre menores migrantes: no aceptará que se ponga en duda si un niño tiene derechos. La ministra urgió además a acelerar el traslado de menores a la península mientras Ana Redondo condenó las agresiones a mujeres y pidió frenar la ola de odio.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, elevó este martes el tono político en el Congreso al confrontar de frente el discurso de la extrema derecha sobre los menores migrantes. Su mensaje fue nítido: no está dispuesta a entrar en un debate que ponga en cuestión los derechos de un niño por su origen, su situación administrativa o el relato con el que algunos partidos buscan convertir a la infancia migrante en una amenaza. En paralelo, insistió en la necesidad de agilizar con urgencia el traslado de estos menores a la península, una medida que el Gobierno considera clave para aliviar la saturación de los territorios de llegada y evitar que la respuesta institucional se quede atascada en trámites y cálculos políticos.
La intervención de Rego se produjo en un clima marcado por la creciente tensión sobre migración, convivencia y derechos sociales, un terreno en el que la derecha más dura ha encontrado combustible electoral. La ministra no solo defendió que los menores deben ser protegidos por encima de cualquier debate partidista, sino que trató de devolver la discusión a la obligación básica del Estado: garantizar acogida, tutela y protección efectiva. Según trasladó en la Cámara, el problema no puede seguir demorándose mientras los centros de primera llegada soportan una presión prolongada y las comunidades autónomas discuten cupos, financiación y competencias. La urgencia, en este contexto, no es retórica: es operativa, porque cada semana de retraso agrava la sobrecarga en los sistemas de protección y prolonga la incertidumbre de cientos de menores.
La escena en el Congreso deja ver algo más profundo que una disputa puntual. El Gobierno intenta blindar el marco de los derechos de la infancia frente a una narrativa que busca deshumanizar al menor migrante para convertirlo en arma política. Y esa batalla no es menor: de ella depende cómo responde España a un fenómeno que combina presión territorial, desigualdad, fractura del sistema de acogida y una discusión pública cada vez más contaminada por el odio. En ese mismo debate, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó las agresiones contra mujeres y reclamó no alimentar más polarización ni sembrar hostilidad social, un recordatorio de que el deterioro del clima político tiene efectos reales sobre los cuerpos, las vidas y la seguridad de quienes quedan más expuestos. La pregunta de fondo ya no es solo cómo repartir responsabilidades entre administraciones, sino qué tipo de país está dispuesto a aceptar que los derechos fundamentales se discutan como si fueran una concesión y no una obligación democrática.
