Soledad, Atlántico: cuando el voto tiene precio y la democracia pierde su dignidad

En Soledad, Atlántico, la democracia parece enfrentar una de sus contradicciones más dolorosas: mientras las autoridades hablan de elecciones libres y transparentes, ciudadanos denuncian que el voto puede negociarse como si fuera cualquier mercancía.

Lo ocurrido durante las elecciones legislativas del 9 de marzo de 2014 no debería desaparecer de la memoria colectiva con el cierre de los escrutinios.

Las denuncias de compra de votos, los ofrecimientos económicos a electores y los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los controles electorales merecen algo más que declaraciones oficiales y promesas de investigación.

Merecen respuestas.

Porque cuando una sociedad comienza a acostumbrarse a que alguien ofrezca dinero por una decisión política, el problema deja de ser exclusivamente electoral.

Se convierte en una crisis de dignidad, confianza pública y responsabilidad institucional.

Una ciudad que no merece ser llamada «la capital del fraude»

A Soledad se le ha llegado a señalar como «la capital mundial del fraude», una expresión utilizada por sectores críticos para describir sus antecedentes de irregularidades electorales.

Pero ningún municipio debería cargar indefinidamente con una etiqueta que termina confundiendo a sus habitantes con las prácticas atribuidas a determinados operadores políticos.

Soledad no es una ciudad de delincuentes electorales.

Es una comunidad de trabajadores, comerciantes, madres, estudiantes y familias que enfrentan necesidades económicas y merecen instituciones capaces de proteger sus derechos.

El problema no es la identidad de sus habitantes.

El problema es que las denuncias de corrupción electoral siguen apareciendo alrededor de procesos en los que debería prevalecer la libertad del ciudadano.

Una ciudad no pierde su dignidad porque existan denuncias de fraude. La pierde el sistema institucional cuando esas denuncias no reciben respuestas claras y oportunas.

Y esa responsabilidad no debe trasladarse únicamente a quienes viven en los barrios más necesitados.

El negocio de quienes pretenden ponerle precio a la conciencia

La compra de votos es una de las expresiones más degradantes de la corrupción electoral.

No se limita a ofrecer dinero.

También puede involucrar promesas de empleo, materiales de construcción, alimentos o beneficios particulares condicionados al respaldo de una candidatura.

Cuando estas prácticas se presentan en comunidades empobrecidas, sus consecuencias son especialmente graves.

Quien dispone de recursos puede aprovecharse de necesidades que las instituciones no han conseguido resolver.

Una familia que necesita alimentos, un padre desempleado o una madre que busca mejorar las condiciones de su vivienda pueden convertirse en objetivos de personas interesadas en obtener respaldo electoral mediante ofrecimientos económicos.

Pero la necesidad de una familia no puede convertirse en una excusa para negociar su libertad política.

Y mucho menos debe servir para absolver moralmente a quienes organizan o financian esos mecanismos.

El ciudadano que enfrenta dificultades económicas no debería ser tratado como el único responsable de una práctica en la que otros tienen el dinero, la organización y el interés de alcanzar el poder.

La responsabilidad debe investigarse en toda la cadena: desde quien ofrece el beneficio hasta quienes puedan haber ordenado, financiado o tolerado la operación.

Caballos, tigres y puestos de control: una democracia bajo sospecha

Durante la jornada electoral del 9 de marzo fueron descritos puestos informales cercanos a lugares de votación, identificados mediante símbolos como caballos, tigres y otras figuras.

Los reportes periodísticos de la época señalaron que algunas de estas instalaciones funcionaban como puntos de orientación y seguimiento de electores.

También recogieron testimonios sobre ofrecimientos de dinero o «colaboraciones» vinculados con el apoyo a candidaturas.

Estas informaciones merecen una investigación seria.

La presencia de un punto de orientación electoral no demuestra por sí sola la comisión de un delito.

Sin embargo, cuando existen denuncias de entrega de beneficios a cambio del sufragio, el funcionamiento de esas estructuras debe ser examinado por las autoridades.

¿Quién financiaba los puestos?

¿Quiénes los administraban?

¿Para qué se recopilaba información de los votantes?

¿Existían compromisos económicos relacionados con las decisiones electorales?

¿Se utilizaban certificados de votación como mecanismos de verificación de asistencia?

No basta con identificar una mesa instalada cerca de un colegio.

Es necesario determinar si detrás de esa actividad existieron prácticas ilegales y quiénes fueron sus responsables.

¿Dónde estaban las autoridades?

Una de las preguntas más difíciles que deja esta jornada electoral está relacionada con la capacidad de respuesta de las instituciones.

La presencia de policías, funcionarios electorales y otros organismos de control debería ofrecer garantías a los ciudadanos.

Pero cuando aparecen denuncias reiteradas sobre posibles irregularidades en los alrededores de los puestos de votación, esa presencia debe traducirse en actuaciones verificables.

No es suficiente anunciar controles.

Se necesitan procedimientos claros para recibir denuncias, proteger a quienes las presentan, conservar pruebas e investigar a los presuntos responsables.

La Misión de Observación Electoral informó durante la jornada del 9 de marzo sobre reportes ciudadanos relacionados con compra de votos, publicidad irregular y presiones a electores en diferentes regiones del país, incluidas Barranquilla y Soledad.

La existencia de esas alertas obligaba a prestar especial atención a lo que estaba ocurriendo.

Sin embargo, tampoco sería responsable afirmar, sin evidencia específica, que todos los funcionarios conocieron los hechos o que deliberadamente decidieron proteger a sus autores.

Lo que sí corresponde exigir es una explicación pública sobre las denuncias recibidas, los procedimientos realizados y los resultados obtenidos.

La autoridad electoral no puede medir su éxito únicamente por haber abierto y cerrado las mesas a tiempo. También debe demostrar que protegió la libertad del sufragio.

El dinero de una campaña y el silencio de la pobreza

La compra de votos tiene una dimensión que con frecuencia se oculta detrás de los resultados electorales.

El dinero utilizado para ofrecer beneficios no aparece espontáneamente.

Alguien debe conseguirlo.

Alguien debe administrarlo.

Y alguien espera obtener una ventaja política mediante su utilización.

Por eso, cuando se denuncia una posible compra de votos, investigar únicamente a quien recibió un ofrecimiento resulta insuficiente.

El verdadero desafío es determinar de dónde proceden los recursos y quiénes se benefician de su circulación.

Si existen organizaciones dedicadas a convertir necesidades personales en compromisos electorales, resulta imprescindible identificar sus fuentes de financiación y sus relaciones con las campañas.

La democracia no puede funcionar como un mercado en el que unos pocos disponen del dinero y los demás deben escoger entre satisfacer una necesidad inmediata o ejercer libremente sus derechos.

El escrutinio también debe estar bajo vigilancia

Los cuestionamientos alrededor de los escrutinios en Soledad han alimentado durante años la desconfianza ciudadana.

En las elecciones de marzo de 2014 surgieron señalamientos sobre inconsistencias y posibles alteraciones de resultados.

Estas denuncias requieren verificar las actas, los formularios electorales y las decisiones de las comisiones escrutadoras.

La aparición de diferencias entre documentos no demuestra automáticamente un fraude.

Pero cuando existen inconsistencias, las autoridades deben aclararlas de manera pública y documentada.

El conteo y la consolidación de resultados son etapas tan importantes como la votación misma.

Una elección no puede considerarse transparente únicamente porque los ciudadanos depositaron sus tarjetones en las urnas.

También debe garantizarse que cada sufragio válido sea registrado correctamente y que las reclamaciones puedan resolverse conforme a la ley.

Los votos no son propiedad de los políticos

Existe una expresión frecuente en las campañas: «Ese dirigente tiene tantos votos».

Se habla de electores como si fueran cantidades que pueden trasladarse de una candidatura a otra.

Pero ningún dirigente es dueño de la voluntad de los ciudadanos.

Un líder político puede convencer, organizar reuniones, presentar propuestas y construir apoyos legítimos.

Lo que no puede hacer es tratar al elector como una propiedad electoral negociable.

Cuando la política reduce a las personas a cifras, compromisos o supuestos paquetes de votos, corre el riesgo de olvidar el principio fundamental del sistema democrático.

El voto pertenece al ciudadano, no al candidato, al intermediario ni al financiador de una campaña.

Y esa libertad debe ser protegida precisamente cuando existen mayores desigualdades económicas.

El costo de elegir bajo presión

Una elección se decide en una jornada, pero sus consecuencias pueden extenderse durante años.

Los representantes elegidos participan en decisiones sobre presupuestos, leyes y políticas públicas.

Por eso, cualquier intento de condicionar ilegalmente el voto afecta mucho más que un resultado electoral particular.

Compromete la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente a quienes deben representar sus intereses.

No significa que todos los candidatos elegidos hayan participado en conductas ilegales.

Tampoco permite afirmar que los resultados generales de Soledad sean fraudulentos sin las pruebas y decisiones correspondientes.

Lo que sí demuestra la persistencia de denuncias es la necesidad de reforzar la vigilancia y de combatir las condiciones que facilitan esas prácticas.

La transparencia no puede depender de que alguien sea descubierto entregando dinero.

Debe existir antes, durante y después de las elecciones.

Soledad no necesita más promesas: necesita respuestas

A los habitantes de Soledad no se les puede exigir confianza ciega en un sistema sobre el que continúan apareciendo denuncias.

La confianza debe construirse mediante actuaciones concretas.

Las autoridades electorales deben explicar qué encontraron en las denuncias recibidas.

Los organismos de investigación deben determinar si existieron delitos y establecer las responsabilidades que correspondan.

Los partidos deben responder por sus mecanismos de financiación, sus operadores y sus actividades de campaña.

Y los dirigentes políticos deben comprender que obtener votos no significa adquirir un derecho sobre las necesidades de quienes los eligieron.

La democracia requiere algo más que urnas, publicidad y discursos.

Necesita ciudadanos libres de presiones y autoridades dispuestas a investigar sin privilegios.

La democracia no puede seguir teniendo precio

Soledad merece dejar de ser recordada por los cuestionamientos que rodean sus elecciones.

Pero ese cambio no llegará ocultando las denuncias ni atribuyendo la responsabilidad a toda su población.

Llegará cuando se esclarezcan los hechos, se sancionen las conductas demostradas y se impida que las dificultades económicas se utilicen para conseguir apoyos políticos.

El problema de fondo no es que una comunidad necesitada acepte escuchar promesas.

Es que existan personas dispuestas a aprovechar esas necesidades para intentar comprar decisiones que deberían ser libres.

Una democracia en la que el ciudadano puede ser presionado mediante dinero, favores o amenazas no está funcionando plenamente como una democracia libre.

Y mientras las denuncias de compra de votos continúen sin respuestas suficientemente claras, Soledad seguirá enfrentando una pregunta que ninguna autoridad debería esquivar:

¿Quién está defendiendo verdaderamente la voluntad del elector: las instituciones encargadas de garantizarla o los ciudadanos que todavía se atreven a denunciar su posible manipulación?

Porque la pobreza puede explicar la vulnerabilidad de una comunidad.

Pero jamás debe convertirse en un permiso para comprar su conciencia.