Soledad bajo sospecha: denuncias de compra de votos y disputas por los escrutinios tras las elecciones de 2019

Las elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019 dejaron en Soledad, Atlántico, una controversia que trascendió la disputa por la Alcaldía y llegó hasta las autoridades judiciales y electorales.

La victoria de Rodolfo Ucrós Rosales, respaldado por una coalición de partidos y dirigentes regionales, estuvo acompañada de denuncias sobre una posible compra de votos y de reclamaciones relacionadas con el desarrollo de los escrutinios.

El resultado electoral también representó un cambio en la correlación de fuerzas políticas del municipio, uno de los más poblados e importantes del departamento.

Mientras los nuevos grupos ganadores se preparaban para asumir el Gobierno local, sectores inconformes reclamaban que se investigaran las presuntas irregularidades antes de dar por cerrado el debate.

Una Alcaldía en disputa entre estructuras políticas

La elección de Rodolfo Ucrós se produjo en medio de una competencia por el control político de Soledad.

Su candidatura recibió el respaldo del Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de la U, además del apoyo de dirigentes regionales.

Entre las figuras políticas vinculadas con su elección se encontraban los senadores Eduardo Pulgar Daza y Laureano Acuña Díaz, conocido como el «Gato Volador».

También participaron sectores cercanos al senador Efraín Cepeda y al diputado Sergio Barraza.

En la contienda resultó derrotado William Torres Arcila, candidato respaldado por sectores vinculados con la familia Char.

Las alianzas y apoyos son elementos relevantes para comprender el resultado electoral, pero no constituyen por sí mismos pruebas de fraude.

La existencia de relaciones políticas entre dirigentes tampoco permite trasladar automáticamente a unos las responsabilidades que puedan investigarse respecto de otros.

Las investigaciones sobre la compra de votos

Uno de los acontecimientos que más preocupación generó fue el allanamiento realizado el 28 de octubre a un inmueble vinculado con Elaine Isabel Cabrera Carrillo, elegida concejal de Soledad por el Partido Conservador.

La diligencia fue practicada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía con apoyo de otros organismos de seguridad.

Durante el procedimiento, ciudadanos se congregaron en los alrededores para reclamar pagos que afirmaban tener pendientes por actividades relacionadas con la jornada electoral.

Las autoridades también examinaron contratos de prestación de servicios que habían sido utilizados para vincular personas a labores de logística.

La Fiscalía debía establecer si esos acuerdos correspondían a trabajos legítimos o si podían encubrir pagos condicionados al sufragio.

Un allanamiento constituye una actuación investigativa, no una sentencia condenatoria.

Camisetas blancas y mecanismos de identificación

La presencia de grupos de ciudadanos vestidos con camisetas blancas llamó la atención durante el día de las elecciones.

Una investigación publicada por La Silla Vacía el 1 de noviembre recogió testimonios que vinculaban esa indumentaria con determinadas actividades de movilización electoral.

El medio también documentó denuncias sobre personas encargadas de registrar el paso de votantes y posibles pagos relacionados con el respaldo a candidaturas.

Estos señalamientos merecen investigación porque la legislación colombiana prohíbe ofrecer dinero o beneficios a cambio del voto.

Sin embargo, vestir una camiseta de un color determinado no demuestra que alguien haya cometido un delito electoral.

La investigación debe determinar qué instrucciones recibieron los participantes y si existían compromisos económicos condicionados a su decisión en las urnas.

Los antecedentes de los dirigentes políticos

Eduardo Pulgar Daza y Laureano Acuña Díaz eran figuras importantes en la política del Atlántico.

Sus trayectorias habían estado acompañadas de cuestionamientos públicos sobre actividades y relaciones políticas.

En el caso de Pulgar, existían antecedentes disciplinarios y controversias asociadas con su paso por el Concejo de Barranquilla.

Acuña, por su parte, había sido mencionado en el contexto de las investigaciones derivadas del caso de compra de votos de la excongresista Aída Merlano.

Es indispensable diferenciar esos antecedentes de las denuncias surgidas durante las elecciones de Soledad.

La existencia de investigaciones anteriores no demuestra que los dirigentes hayan participado en todas las presuntas irregularidades del proceso municipal de 2019.

Cada hecho necesita pruebas propias y una determinación individual de responsabilidades.

La controversia por el material electoral

Los escrutinios realizados en la Institución Educativa Técnico Industrial del Atlántico (ITIDA) también fueron objeto de cuestionamientos.

Representantes de diferentes campañas denunciaron irregularidades en el manejo del material electoral y formularon reclamaciones sobre la consolidación de resultados.

Entre los episodios señalados estuvieron el ingreso de bolsas con documentos electorales, disputas entre testigos de los partidos y presuntas anomalías en los procedimientos.

Las autoridades reforzaron la seguridad ante las tensiones registradas.

Sin embargo, las denuncias requieren revisar las actas, los formularios y las decisiones de las comisiones escrutadoras.

No cualquier diferencia entre el preconteo y los escrutinios oficiales significa que exista fraude.

El preconteo es informativo, mientras que los escrutinios constituyen el procedimiento mediante el cual se consolidan jurídicamente los resultados.

La protesta ciudadana frente a la Registraduría

La inconformidad también llegó a las calles.

Grupos de ciudadanos se concentraron frente a la sede de la Registraduría en Soledad para reclamar explicaciones sobre las denuncias y solicitar nuevas elecciones.

La protesta reflejó una pérdida de confianza de sectores de la población en el proceso.

Pero la repetición de una elección no puede decidirse únicamente por la presión de manifestantes o candidatos.

Las autoridades competentes deben establecer si existieron irregularidades con consecuencias jurídicas suficientes para afectar los resultados.

Por eso, la transparencia debe garantizar tanto el derecho a denunciar como el respeto de los procedimientos legales.

El problema no es solamente quién ganó

La discusión sobre las elecciones de Soledad no debería reducirse a determinar qué grupo político obtuvo la Alcaldía.

El asunto de fondo es si los ciudadanos tuvieron garantías suficientes para ejercer libremente su voto y si las autoridades respondieron adecuadamente a las denuncias.

Cuando existen ofrecimientos de dinero, posibles mecanismos de control de electores o cuestionamientos sobre los documentos electorales, resulta indispensable investigar.

También es necesario evitar que las acusaciones se utilicen para desacreditar sin pruebas a los adversarios políticos.

Las autoridades deben examinar los hechos, identificar responsabilidades individuales y explicar públicamente las decisiones que adopten.

Soledad necesita respuestas, no solamente acusaciones

Las controversias electorales afectan la confianza ciudadana cuando permanecen sin aclaraciones verificables.

Por eso, las investigaciones deben establecer si hubo pagos ilegales, quiénes participaron en ellos y si alguna irregularidad alteró efectivamente los resultados.

También deben distinguirse los trabajos legítimos de campaña de las conductas que buscan condicionar la voluntad electoral.