Sospechas de fraude electoral en Soledad: las denuncias que encendieron las alarmas sobre la compra de votos y los escrutinios
Omar RodríguezHace 7 años
Las elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019 dejaron una serie de denuncias sobre presunta compra de votos, pagos encubiertos mediante contratos de logística, movilización organizada de electores e irregularidades durante los escrutinios. La Fiscalía abrió una investigación mientras ciudadanos exigían explicaciones a las autoridades electorales. Por Omar Rodríguez SANA Prensa Independiente | Soledad, Atlántico | Política y democracia 31 de octubre de 2019
Soledad, uno de los municipios con mayor peso electoral del departamento del Atlántico, volvió a quedar bajo el escrutinio público después de las elecciones territoriales del domingo 27 de octubre de 2019.
La jornada, que debía representar una oportunidad para que los ciudadanos eligieran libremente a sus autoridades, estuvo acompañada de denuncias sobre presunta compra de votos, movilización organizada de electores, ofrecimientos económicos y posibles irregularidades en el tratamiento del material electoral.
Las acusaciones generaron intervenciones de la Fiscalía General de la Nación, cuestionamientos de dirigentes políticos y manifestaciones de ciudadanos que reclamaron transparencia en los resultados.
Aunque las investigaciones deberán determinar si se cometieron delitos y quiénes serían sus responsables, los acontecimientos han abierto nuevamente el debate sobre el funcionamiento de las estructuras electorales en Soledad.
Compra de votos: una investigación abierta por la Fiscalía
El 28 de octubre, un día después de las elecciones, la Fiscalía informó que había abierto una investigación por denuncias sobre una posible operación ilegal de compra de votos en distintos sectores de Soledad.
El organismo señaló que investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) habían adelantado verificaciones durante la jornada electoral.
Entre los elementos recopilados figuraban grabaciones de video, audios y declaraciones relacionadas con supuestos pagos a ciudadanos en viviendas cercanas a los puestos de votación.
También se reportaron concentraciones de personas que reclamaban dinero por presuntos servicios de logística prestados a campañas políticas.
La Fiscalía dispuso que un grupo de investigadores examinara la información para establecer si existieron conductas contrarias a la legislación penal.
La apertura de estas investigaciones constituye una actuación oficial comprobada.
Sin embargo, todavía es necesario distinguir entre los hechos denunciados y las responsabilidades que puedan llegar a establecerse judicialmente.
Las camisetas blancas y la movilización de electores
Uno de los episodios que mayor atención despertó durante las elecciones fue la presencia de numerosos ciudadanos vestidos con camisetas blancas en los alrededores de diferentes centros de votación.
Reportes periodísticos recogieron señalamientos según los cuales estas personas habrían participado en actividades organizadas por determinadas campañas.
También circularon imágenes de vehículos que transportaban ciudadanos vestidos de blanco.
Algunos testimonios relacionaron esa movilización con presuntos ofrecimientos económicos.
No obstante, la utilización de una misma prenda de vestir o el transporte colectivo de simpatizantes no demuestra por sí solo que se haya cometido una irregularidad.
Para establecer si existió compra de votos, las autoridades deberán determinar si se ofrecieron pagos condicionados al respaldo de una candidatura y quiénes habrían organizado tales operaciones.
La pregunta central no es por qué los ciudadanos vestían de blanco, sino si existía un mecanismo destinado a condicionar ilegalmente sus decisiones electorales.
Los contratos de logística bajo cuestionamiento
Las denuncias también involucraron supuestos contratos de prestación de servicios utilizados para justificar pagos a ciudadanos durante la campaña.
En términos legales, las campañas pueden contratar determinados servicios y realizar actividades de organización electoral, siempre dentro de las normas correspondientes.
Pero cuando un contrato se utiliza para ocultar dinero entregado a cambio del voto, puede convertirse en un instrumento de corrupción electoral.
Las investigaciones deben examinar qué labores se contrataron, cuáles fueron ejecutadas realmente, quién suministró los recursos y si los pagos estaban relacionados con una decisión electoral concreta.
La existencia de documentos contractuales no demuestra automáticamente que fueran fraudulentos.
Tampoco puede descartarse una posible irregularidad únicamente porque un pago se haya presentado como remuneración por servicios de campaña.
El esclarecimiento requiere pruebas sobre la finalidad real de cada operación.
Allanamientos y denuncias relacionadas con una concejal electa
La controversia adquirió mayor notoriedad cuando funcionarios del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula Militar y la Policía Metropolitana, realizaron diligencias en inmuebles vinculados con el entorno de Elaine Isabel Cabrera Carrillo.
Cabrera había sido elegida concejal de Soledad por el Partido Conservador y obtuvo 4.817 votos.
Durante los procedimientos, ciudadanos se concentraron en los alrededores de una de las viviendas y reclamaron el pago de supuestos compromisos económicos.
Las grabaciones difundidas en medios de comunicación dieron visibilidad nacional al episodio.
Sin embargo, el allanamiento y los reclamos ciudadanos no constituyen una sentencia penal contra la concejal electa.
Corresponde a las autoridades establecer qué ocurrió, quiénes participaron en los hechos investigados y si los pagos denunciados estuvieron relacionados con la compra de votos.
Los escrutinios en el ITIDA aumentaron la tensión
Los cuestionamientos no terminaron con el cierre de las urnas.
En la Institución Educativa Técnico Industrial del Atlántico (ITIDA), donde se adelantaron los escrutinios municipales, representantes de distintas organizaciones políticas formularon reclamaciones sobre el procedimiento de conteo.
Los reportes describieron un ambiente de tensión entre testigos electorales, veedores y participantes en las comisiones encargadas de consolidar los resultados.
También circularon videos y denuncias sobre el manejo del material electoral.
El proceso se desarrollaba mediante 14 comisiones escrutadoras auxiliares y una comisión municipal.
Las autoridades reforzaron la presencia institucional para preservar el orden y permitir la continuidad del escrutinio.
Es importante recordar que las diferencias entre el preconteo informativo y los escrutinios oficiales no constituyen necesariamente fraude.
Sin embargo, cualquier alteración irregular de documentos o manipulación indebida de votos debe ser investigada.
Tarjetones y formularios bajo sospecha
Otro motivo de inconformidad fue la denuncia sobre la aparición de tarjetones marcados que, según ciudadanos manifestantes, no figuraban inicialmente en el material utilizado durante el preconteo.
También se exhibieron imágenes de formularios electorales con tachaduras y modificaciones.
Estas situaciones generaron reclamaciones y exigencias de revisión.
Pero una fotografía de un formulario modificado no permite establecer automáticamente una falsificación.
Las autoridades deben determinar si se trató de correcciones realizadas conforme a los procedimientos legales o de alteraciones indebidas.
Para ello resulta indispensable examinar los documentos originales, las actas y las decisiones de las respectivas comisiones escrutadoras.
La transparencia exige que cada reclamación sea resuelta mediante procedimientos verificables.
Protestas frente a la Registraduría
El martes 29 de octubre, ciudadanos se concentraron frente a la sede de la Registraduría Especial de Soledad para expresar su inconformidad.
Los manifestantes reclamaron explicaciones sobre las irregularidades denunciadas e incluso solicitaron la repetición de las elecciones.
Algunos colocaron documentos en el suelo y encendieron velas como señal simbólica de duelo por lo que consideraban una afectación a la transparencia electoral.
La movilización reflejó la desconfianza de sectores ciudadanos frente al proceso.
Sin embargo, una solicitud de nuevas elecciones no implica que los resultados puedan anularse automáticamente.
Las decisiones sobre validez de sufragios, reclamaciones y eventuales nulidades deben adoptarse mediante los procedimientos previstos por la legislación colombiana.
¿Por qué las autoridades deben investigar más allá de los pagos?
La compra de votos, cuando se demuestra, no se limita a un acuerdo entre dos personas.
Puede involucrar recursos económicos, intermediarios, estructuras de movilización y mecanismos de verificación de compromisos electorales.
Por eso, una investigación eficaz debe establecer la procedencia del dinero y las responsabilidades de quienes hayan participado en una operación ilegal.
También debe determinar si existieron campañas o personas que se beneficiaron conscientemente de esas prácticas.
No basta con investigar a quien recibió un ofrecimiento económico.
Es necesario identificar a quienes hayan financiado, organizado o promovido la conducta, siempre sobre la base de pruebas.
La vigilancia de estas estructuras es especialmente importante en comunidades donde las necesidades económicas pueden aumentar la vulnerabilidad frente a presiones electorales.
Soledad no puede convertirse en sinónimo de fraude
Las denuncias sobre posibles irregularidades han afectado durante años la percepción pública de las elecciones en Soledad.
Al municipio se le ha llegado a identificar despectivamente como una supuesta «capital mundial del fraude».
Pero utilizar esa expresión como una descripción general de la ciudad resulta injusto con los ciudadanos que participan legítimamente en los procesos democráticos.
Soledad no es solamente un escenario de disputas políticas.
Es una comunidad de trabajadores, comerciantes, estudiantes y familias que tienen derecho a elegir libremente a sus representantes.
Los posibles delitos de algunos actores no pueden convertirse en una condena colectiva contra sus habitantes.
La responsabilidad debe ser individualizada y demostrada.
Una elección no termina cuando se cuentan los votos
Las elecciones requieren mucho más que instalar mesas, distribuir tarjetones y anunciar resultados.
También necesitan instituciones capaces de proteger la libertad del sufragio, recibir denuncias, investigar irregularidades y resolver las reclamaciones.
La Fiscalía debe determinar si las conductas denunciadas constituyen delitos.
Las autoridades electorales deben garantizar la legalidad de los escrutinios.
Y los partidos tienen la responsabilidad de vigilar las actividades de sus campañas y cumplir las normas sobre financiación y participación política.
Los ciudadanos, por su parte, tienen derecho a conocer el resultado de las investigaciones y a exigir transparencia.
La democracia necesita respuestas
Los acontecimientos registrados en Soledad después de las elecciones del 27 de octubre de 2019 dejaron una serie de preguntas que no deberían desaparecer con la proclamación de los resultados.
¿Existió una operación organizada de compra de votos?
¿Los contratos cuestionados correspondían a servicios legítimos o encubrían pagos ilegales?
¿Quiénes financiaron las actividades denunciadas?
¿Qué ocurrió con el material electoral objeto de reclamaciones?
¿Las autoridades consiguieron esclarecer las presuntas irregularidades?
La respuesta debe provenir de investigaciones documentadas y decisiones adoptadas conforme a la ley.
Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
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