El subsidio al diésel ya le cuesta al país $9,5 billones y agrava la presión fiscal
Imagen: infobae colombia
El subsidio al diésel ya le cuesta al país cerca de $9,5 billones y se ha convertido en una carga cada vez más pesada para las finanzas públicas. El Observatorio Fiscal de la Javeriana advierte que mantener el ACPM por debajo de su precio de referencia también golpea a Ecopetrol y aplaza una discusión fiscal inevitable.
El subsidio al diésel se ha convertido en una de las cargas más costosas para las cuentas del Estado colombiano. De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, mantener el ACPM por debajo de su precio de referencia ya le ha significado al país un costo cercano a los $9,5 billones, una cifra que no solo presiona el presupuesto público, sino que además compromete los ingresos de Ecopetrol y prolonga un desajuste que tarde o temprano alguien tendrá que pagar.
El problema de fondo es sencillo de enunciar, pero complejo de resolver: cuando el precio interno del diésel se mantiene artificialmente bajo, la diferencia entre lo que debería costar y lo que realmente pagan los consumidores termina siendo asumida por el Estado. Esa brecha, explican los analistas consultados por Infobae Colombia, se traduce en menos margen fiscal para financiar programas sociales, inversión en infraestructura o incluso para atender otras necesidades urgentes de corto plazo. En otras palabras, el subsidio no desaparece: se traslada a las finanzas públicas y, por esa vía, al conjunto de los contribuyentes.
La advertencia de la Javeriana llega en un momento particularmente delicado para el país. Colombia enfrenta una presión persistente sobre su déficit fiscal, mientras el Gobierno intenta equilibrar promesas de estabilidad en los precios de los combustibles con la necesidad de ordenar las cuentas. El ACPM, además, tiene un peso especial en la economía porque mueve buena parte del transporte de carga y de la logística nacional; por eso, cualquier cambio en su tarifa tiene efectos inmediatos sobre costos, inflación y actividad productiva. Pero sostener indefinidamente un precio artificialmente bajo también tiene consecuencias: desincentiva ajustes responsables, posterga decisiones difíciles y agranda el hueco que luego se vuelve más costoso cerrar.
Lo que está en juego no es solo una discusión contable, sino una decisión de fondo sobre cómo repartir el costo de la energía y del transporte en Colombia. Si el subsidio continúa, el Estado seguirá absorbiendo una factura que compite con otras prioridades sociales. Si se corrige, el impacto recaerá sobre sectores que dependen del diésel para operar y sobre consumidores que terminarán sintiendo el ajuste en la cadena de precios. En cualquiera de los escenarios, el país ya no está discutiendo un beneficio temporal, sino la sostenibilidad de una política que se volvió demasiado cara para seguir tratándola como si fuera neutra.
