Corozal bajo tensión: muerte de joven reaviva el riesgo de la justicia por mano propia
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La aparición de un supuesto ‘grupo antirrobo’ en Corozal, Sucre, terminó en tragedia: un joven de 18 años murió tras ser agredido con un bate. La Policía sostiene que el hecho ocurrió en medio de una riña, mientras la inseguridad alimenta la tensión en la zona.
La muerte de un joven de 18 años en Corozal, Sucre, puso bajo la lupa un fenómeno cada vez más delicado en varias regiones del país: la aparición de supuestos grupos ‘antirrobo’ que dicen actuar para frenar la delincuencia, pero que terminan cruzando una línea peligrosa entre la vigilancia comunitaria y la justicia por mano propia. Según la información divulgada por El Tiempo (Colombia), el caso terminó con el muchacho golpeado con un bate, en un episodio que ha desatado polémica por la versión de que habría sido confundido con un presunto delincuente. En un departamento golpeado por los robos a personas, fincas y viviendas, la noticia no solo conmueve: también expone el nivel de desesperación y desconfianza que se está acumulando en la calle.
La Policía Nacional, sin embargo, insiste en que el caso no corresponde a una acción organizada de “limpieza” o a la actuación de un grupo estructurado contra el hurto, sino a una riña que se habría presentado en la zona. Esa diferencia no es menor. Si se confirma la versión oficial, el debate no sería sobre una especie de patrulla informal enfrentando ladrones, sino sobre una pelea que escaló hasta causar una muerte evitable. Si la otra hipótesis termina teniendo sustento, el problema sería aún más grave: la expansión de actores civiles que se arrogan funciones de control y terminan reemplazando al Estado con violencia. En cualquiera de los dos escenarios, el resultado es el mismo: un joven muerto y una comunidad atrapada entre el miedo a los robos y el riesgo de que la reacción social se vuelva letal.
Lo ocurrido en Corozal refleja una realidad conocida en Sucre y en buena parte del Caribe colombiano: cuando los hurtos se vuelven frecuentes y las respuestas institucionales no logran dar sensación de control, florecen soluciones improvisadas, muchas veces toleradas por sectores cansados de denunciar sin ver cambios. Ese caldo de cultivo es peligroso porque normaliza la idea de que cualquiera puede actuar como juez, investigador y ejecutor. Y cuando eso pasa, la frontera entre protegerse y cometer una agresión irreversible se vuelve demasiado delgada. Para la gente de a pie, la discusión no es abstracta: significa si pueden caminar, trabajar o desplazarse sin miedo tanto a los ladrones como a los supuestos defensores del orden.
El caso de Corozal deja, además, una pregunta de fondo que las autoridades no deberían esquivar: cómo recuperar la confianza ciudadana antes de que la frustración siga empujando a la gente a responder por su cuenta. En territorios donde el robo se volvió rutina, el Estado no solo debe perseguir a los delincuentes; también tiene que impedir que la indignación se transforme en linchamiento. De lo contrario, la inseguridad deja de ser únicamente un problema de criminalidad y pasa a convertirse en una crisis de convivencia, con víctimas a ambos lados de la misma calle.
