Cancillería contrata de nuevo a Thomas Greg para expedir pasaportes
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno volvió a poner en manos de Thomas Greg & Sons la expedición de pasaportes en Colombia, esta vez mediante una urgencia manifiesta por 240 mil millones de pesos. Paralelamente, la Cancillería avanza en una licitación pública para definir el servicio hasta diciembre de 2027.
La Cancillería colombiana resolvió, otra vez, apoyarse en Thomas Greg & Sons para garantizar la expedición de pasaportes en el país. Según informó El Tiempo - Política, el Ministerio firmó una urgencia manifiesta por 240 mil millones de pesos que cubre el servicio hasta diciembre de 2027, mientras avanza en paralelo una licitación pública ordinaria para escoger el esquema definitivo.
La decisión confirma que el Gobierno optó por una salida de corto y mediano plazo para evitar una interrupción en un trámite que toca directamente a miles de ciudadanos cada semana. El pasaporte no es solo un documento de viaje: es también una fuente de tensión política y administrativa, porque cualquier falla en su producción golpea de inmediato a quienes necesitan salir del país por trabajo, estudio, turismo o emergencias familiares. En este caso, la Cancillería busca asegurar continuidad mientras tramita un proceso competitivo que, en teoría, debería fijar las reglas de la prestación del servicio más allá de la coyuntura.
El regreso de Thomas Greg & Sons al centro del proceso no es un hecho menor. La compañía ha sido durante años una contratista clave del Estado en asuntos de impresión, seguridad documental y personalización de documentos de identificación, y su nombre suele aparecer en medio de debates sobre concentración de contratos, dependencia tecnológica y riesgos de transición. Por eso, cada decisión sobre pasaportes termina teniendo una lectura política más amplia: no solo importa quién imprime el documento, sino qué tan sólido es el modelo institucional para evitar que el país vuelva a quedar al borde de un bloqueo administrativo.
En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del Gobierno para sostener un servicio crítico sin improvisaciones y sin repetir una crisis que ya ha tenido varios capítulos en los últimos años. Si la licitación pública logra avanzar con claridad y transparencia, podría abrir la puerta a una solución más estable; si no, Colombia seguiría atrapada en una discusión recurrente sobre quién debe controlar un servicio esencial para la movilidad de millones de personas.
